Editorial: Ley Polizzi, un zapato chino

Los últimos casos asociados a la corrupción pública han generado indudablemente una sensación de hastío en la gente.

El ciudadano que se levanta todos los días de madrugada a trabajar, aquel que con mucho esfuerzo logra mantener dignamente a su familia, aquel que jamás ha corrompido o se ha aprovechado del sistema cuando ve esta danza de millones del caso Convenios o los políticos con los jueces arreglando juicios los aborrece y con justa razón.

Para los ciudadanos ojalá todas estas personas se fueran prisión preventiva en una cárcel y cuando una imputada como Camila Polizzi es enviada a prisión domiciliaria y más tarde se la ve en redes sociales bañándose feliz en su piscina o ganando millones en una plataforma de contenido para adultos, la verdad es que a muchos genera ya no hastío, sino impotencia, rabia.

Después de Polizzi vino el caso Cathy Barriga que también fue enviada a prisión domiciliaria, también al parecer está muy cómoda en su residencia. Tras estas dos cautelares VIP, el Fiscal Nacional fustigó la manera en que se estaban concretando las prisiones domiciliarias.

Ángel Valencia dijo, "quienes antes iban a Capuchinos ahora se queden en sus casas y si tienen piscina, están al costado de su piscina. Y que además esa situación de estar en sus casas y al costado de sus piscinas pasando el verano, puedan abonarla a una condena futura”.

En este contexto y tras conocerse que la ex-alcaldesa Barriga está siguiendo los pasos de Polizzi publicando contenidos para una plataforma para adultos, se anunció la presentación de un proyecto de ley que pretende modificar la prisión domiciliaria. La iniciativa se entendió como que se prohibía trabajar desde la casa, pero lo que hace es modifica la ley N°18.216, con la finalidad de evitar que los imputados sujetos a la reclusión domiciliaria puedan utilizar libremente las redes sociales con el objeto de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal.

“Se entenderá quebrantada la cautelar -afirma esta iniciativa- cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación".

Este asunto es complejo, porque cuando una persona se va a prisión preventiva en una cárcel, el Estado se hace cargo de su alimentación, de su estadía, de su seguridad y en prisión en la casa esto no sucede. Por eso la modificación es tan compleja. ¿Vamos a alimentar a los imputados en sus casas? o ¿les vamos a decir cuáles trabajos puede desarrollar y cuáles no? En rigor para ser justos un imputado desde la cárcel no puede trabajar, no tiene celular, ni se comunica, pero también se supone que cometieron delitos más graves. Entonces en el fondo este asunto es un zapato chino.

Lo cierto es que nada de esto habría ocurrido si las imputadas hubiesen tenido el cuidado de no publicar en Redes Sociales su felicidad de la prisión domiciliaria, como una especie de afronta a la Sociedad. Tener un poquito más de decoro, de cuidado, de empatía con los ciudadanos hastiados de la corrupción, pero esto no se puede legislar.

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