Iniciativas sin beneficios

El denominado Caso Convenios ha sido una de las tramas de irregularidades y corrupción más noticiosas del último tiempo. Si bien las formalizaciones están en pleno desarrollo, la mala utilización de los recursos públicos se configura incluso si asumiéramos inocencia de los involucrados. Lo peor es que esto es más común de lo que creemos.

El objetivo de cualquier inversión pública es generar una mejora en la situación de los beneficiarios. Esto se puede estimar anticipadamente con una evaluación social de proyectos, donde se valoran los costos y –de ser posible– los beneficios de una iniciativa, con el fin de asegurar que se ejecuten los proyectos que maximizan la rentabilidad social.

También existen otras metodologías de evaluación para las diversas políticas públicas que implementa el Estado, dependiendo de la etapa que se busca analizar (ex ante, ex dure o ex post) y la naturaleza de la intervención.

A pesar de esto, todavía estamos al debe en cuanto a la eficacia de los programas implementados. Prueba de esto es que más de la mitad de los programas sociales están calificados con Mal Desempeño y otro tanto con Desempeño Bajo. Cualquier persona puede verificar esto buscando “Informes de Evaluación Dipres” en internet y verá lo difícil que es encontrar un programa calificado con Buen Desempeño (incluso los FIC-R aparecen mal evaluados).

Claramente, un mal programa no es sinónimo de corrupción ni mucho menos, pero revela lo mediocre que pueden ser las soluciones que se implementan. Esto es más dramático aún cuando consideramos que, por lo general, estas intervenciones apuntan a solucionar problemas de los sectores más vulnerables.

¿Qué relación tiene esto con el Caso Convenios? A nivel regional, las iniciativas tienen distintas fuentes de financiamiento. Los Gobiernos Regionales tienen un margen de discrecionalidad en la entrega de recursos mediante asignaciones directas, las que se han ido regulando luego del escándalo. Sin embargo, hay un trasfondo de eficacia y eficiencia que no se ha abordado adecuadamente. Incluso si muchos de los convenios investigados hubieran sido ejecutados y rendidos conforme a la ley, el resultado de las intervenciones propuestas seguiría siendo pobre.

Por ejemplo, el programa “Política regional para promover el bienestar: Biobío vive sano” de la Fundación Bonhomía tenía como propósito “mejorar la educación de la población en hábitos de salud” y el indicador para verificar su cumplimiento era que al menos el 90% de los beneficiarios participaran del programa. Es decir, en el mejor de los casos, este programa que se adjudicó más de $ 350 millones cumpliría su objetivo presentando una lista de asistencia. Esto, sin siquiera considerar la duplicidad de la propuesta con otros programas existentes.

Por su parte, la Fundación Chinquihue tenía como propósito en uno de sus tres convenios “diseñar e implementar un plan estratégico de fomento productivo participativo de la pesca artesanal de la Región del Biobío” y el indicador para verificar el cumplimiento sería generar “1 plan participativo”. ¿Realmente son necesarios $ 750 millones para una propuesta tan vaga y con ese nivel de indicadores de cumplimiento?

El caso de la Fundación En Ti casi no vale la pena analizarlo, ya que su “capacitación ciudadana” implicaba que los beneficiarios pintaran bancas y limpiaran plazas, por la módica suma de $ 250 millones.

¿Cuál es el beneficio social de estas iniciativas?, ¿cómo saber si tuvieron impacto en los beneficiarios? Lamentablemente, es imposible saberlo, porque los proyectos no establecen objetivos medibles ni indicadores apropiados para determinar si la ciudadanía se benefició con esta masiva movilización de recursos públicos.

Nuevamente, aunque estas intervenciones se hubieran apegado completamente a la ley en cuanto a la adjudicación, ejecución y rendición, aún así serían objetables en cuanto a su real aporte a la región. No puede ser que la vara para medir si una iniciativa regional fue exitosa sea la asistencia de los beneficiarios.

Necesitamos que el Gobierno Regional se tome en serio su misión de administrar el desarrollo de la región y, para eso, es urgente que las iniciativas financiadas sean robustas, concretas y, sobre todo, diseñadas para evaluar el impacto que tuvieron en los beneficiarios. De lo contrario, habremos creado una institucionalidad incapaz de gestionar el progreso de la población. Lo que no se mide no se puede mejorar.

Síguenos en Facebook e Instagram para ver más datos de la contingencia del Biobío, Chile y el mundo.