Editorial: El problema no es suspender el control de cautelares por parte de Carabineros, sino quien lo hace con seguridad
Tras los dramáticos hechos de Antiquina, al sur de Cañete, donde 3 carabineros fueron asesinados, la policía uniformada solicitó al Juzgado de Garantía de Cañete suspender el control de medidas cautelares por parte de Carabineros.
Este tema es muy sencillo de explicar, cuando un Juzgado de Garantía ordena medidas cautelares como la prisión domiciliaria total o nocturna pide a personal de carabineros que verifique su cumplimiento. Es decir, dos o tres funcionarios deben acudir a las direcciones que entrega la justicia, golpea la puerta y verificar físicamente que el imputado esté cumpliendo la orden del juzgado.
Esto fue precisamente lo que pasó con los 3 carabineros Misael Vidal, Carlos Cisterna y Sergio Arévalo el pasado 27 de abril. Los mártires de la institución habían ido a verificar el cumplimiento de una cautelar cuando fueron emboscados, asesinados y más tarde sus cuerpos quemados.
Fue el Prefecto de Control de Orden Público de la Araucanía coronel Pablo Olivares quien dijo a La Tercera que “ese cumplimiento genera una importante cantidad de horas de trabajo, que van en directo desmedro de nuestro rol de apoyo a las operaciones policiales de las unidades territoriales y servicios especializados institucionales".
Sumemos otro antecedente, hace una semana la Cámara de Diputados aprobó por la unanimidad de 126 votos el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de carabineros.
La verdad es que no es primera vez que se plantea esta idea, de hecho hace un año aproximadamente los alcaldes pidiendo más atribuciones para los guardias municipales afirmaron que ellos podrían cumplir algunos de estos roles.
Carabineros es en esencia una policía preventiva y de control de orden público, pero también investiga con sus unidades especializadas entonces claro pedirles que cumplan las notificaciones y control de las cautelares labores que son básicamente labores administrativas parece ser mucho.
Según la cuenta pública de la policía uniformada el año 2021 los funcionarios policiales a lo largo del país concurrieron en la recepción, tramitación y ejecución de 1.445.824 órdenes judiciales. Dentro de estas, 757.721 correspondieron a notificaciones y citaciones.
Pareciera haber acuerdo en general que tenemos que de a poco ir quitando estas labores a la policía uniformada, ese no es el problema, el problema es quien cumple estas medidas con la máxima seguridad. ¿Porque si Carabineros pide no hacer esto porque es inseguro y los distrae de sus labore esenciales quien podría cumplir estas órdenes con la seguridad debida?
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