Editorial: un alcalde formalizado o enviado a prisión debiera salir del cargo

Ayer culminó la maratónica formalización de cargos en contra del alcalde de Rancagua, el ex PS Juan Ramón Godoy.

Escuchar los argumentos de la Fiscalía era todo un espectáculo. Resulta increíble verificar cómo es que una autoridad elegida para servir a su comunidad finalmente se servía a si mismo abusando del poder que le había sido entregado.

Hace algunos meses Ciper Chile reveló las prácticas del edil. Algunos empresarios de Rancagua lo acusaban de cobrar el 10% de lo que municipalidad les compraba o licitaba en servicios o insumos.

Según el Ministerio Público bajo la administración de Godoy hubo una "gobernanza fraudulenta", fue formalizado por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos. O sea, casi se le acabó el listado de delitos corrupción que cometer.

Lo peor Godoy tiene una dilatada trayectoria en el servicio público: el 2014 fue Superintendente de Educación e intendente de O'higgins. En ambos cargos nombrado por Michelle Bachelet. Fe concejal, core y por supuesto alcalde. ¿Cuántos hechos más de corrupción pudo haber protagonizado la autoridad?

Este tema ya lo hemos editorializado en varias oportunidades. Desde esta tribuna creemos que no podemos tener autoridades electas o designadas para ejercer cargos públicos perseguidas por la justicia, es impresentable.

Y no se trata de tener funcionarios públicos que sean ángeles, santos o ejemplos de virtud, no pedimos tanto, solo pedimos que no sean perseguidos por la justicia, que no sean formalizados y que no sean enviados a la cárcel. En este caso Godoy fue enviado a prisión y aunque la resolución es apelable resulta impracticable que pueda seguir ejerciendo su cargo.

Una formalización, una prisión domiciliaria, en la cárcel, cualquiera sea debiera significar la salida del cargo inmediato y punto.

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