¡Los penquistas estamos cableados!
Hace unos días, los penquistas fuimos testigos de la mutilación de varios árboles en la principal avenida de la capital regional, como parte del plan de mantenimiento de suministro eléctrico de la zona. Una poda normal no habría generado revuelo y habría sido reconocido como una acción diligente de la empresa y las autoridades; sin embargo, este no fue el caso.
Fuera de temporada y, al parecer, sin ningún plan técnico (para qué decir criterio), la empresa cortó árboles sanos, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas y atenta contra la tendencia natural a la que deberíamos apuntar. Cuando todo indica que debemos plantar más árboles, considerando que el Gran Concepción cuenta actualmente con 4,23 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, muy lejos de los 10 metros cuadrados recomendados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Concepción se da el lujo de cortarlos.
Pero además del tema ambiental, esta desafortunada tala deja al descubierto otro grave problema. Concepción, cuna de la cultura y el arte, se ve empañada por una plaga que la invade desde sus alturas. Un enjambre de cables de distintos colores, tamaños y grosores se entrecruzan en el cielo del centro de la ciudad, creando un paisaje urbano caótico y poco atractivo.
No se trata solo de un problema estético, sino también un peligro latente. La Ley N° 21.172, promulgada hace más de cuatro años, busca regular el tendido y retiro de cables, estableciendo sanciones a las empresas que no retiren aquellos que se encuentran en desuso. Sin embargo, a pesar de estar en vigencia, la ley es letra muerta por la falta del reglamento que debe elaborar la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Tal como la unanimidad de la Cámara de Diputados lo pidió en el proyecto de resolución N°544 de 2022, urge que el Gobierno apure la elaboración de este Plan de Gestión y Mantención de Redes, establecido en el art. 24 b) de la Ley N° 18.168, pues, además del peligro por eventuales cortes de energía eléctrica, esta “basura aérea” genera una contaminación visual que afecta al patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Las fachadas de edificios centenarios, los monumentos y las plazas se ven opacadas por esta telaraña de cables, que desluce la belleza de la ciudad y la convierte en un lugar menos atractivo para visitantes y residentes.
Por otra parte, mientras se dicta el citado reglamento, se deben implementar mesas periódicas de coordinación entre el municipio y las empresas de telecomunicaciones, con metas y plazos, conocidos por la ciudadanía, para el retiro de cables. Además, se deben impulsar medidas innovadoras del estilo “el que contamina paga” que, como sostiene el Ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, Alberto Mordojovich, incentiven el retiro de cables. Hoy, para las empresas de telecomunicaciones, mantener las líneas aéreas tiene un costo marginal frente al costo que significa quitarlas.
En definitiva, si dictamos la normativa pendiente y trabajamos coordinadamente, con los incentivos correctos y la determinación de las autoridades, nunca más deberíamos enfrentar el dilema de cortar árboles para salvaguardar los cables y sus servicios.
