Pensiones de gracia: Fiscalía abre investigación de oficio por cuestionada entrega de beneficios
Este viernes se dio a conocer que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio a raíz de la polémica desatada por la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes.
Para aquello, Valencia designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para recabar todos la información necesaria y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en este caso.
En esa línea y en el caso de comprobarse que hubo “conductas dolosas tanto activas como omisivas” por parte de funcionarios estatales o de particulares, Fiscalía explicó que efectivamente podrían configurarse delitos.
“La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que se indagarán”, añadieron desde el Ministerio Público.
De acuerdo a lo señalado, para esta indagatoria se tomarán en cuenta antecedentes recabados a través de diversos medios de comunicación, lo informado por la Contraloría General de la República, y la presentación de parlamentarios ante diversas instituciones.
Polémica por pensiones de gracia
Cabe mencionar que la pensión de gracia es un beneficio económico que existe en Chile desde 1836 y se otorga por parte de quien esté en el cargo de Presidente de la República, de forma temporal o vitalicia, a quienes hubiesen prestado un servicio distinguido al país, a quienes fueron afectados por alguna situación especial, u otros casos.
En las última semanas, este beneficio ha desatado la polémica tras conocerse numerosos casos de personas con antecedentes penales que reciben una pensión de gracia del Estado.
En ese contexto, el presidente Gabriel Boric firmó, antes de salir de vacaciones, una orden de revocación para retirar la pensión a una persona con antecedentes por pornografía infantil.
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