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Se estima que en Chile las personas que trabajan directamente con el Estado o sea que tienen la categoría de funcionario público son cerca de 800 mil personas.
Es del todo razonable pensar que cada una de estas personas pudieran ser jefe o jefa de hogar, es decir con una familia e incluso con hijos detrás. Si pensamos que tiene un solo hijo la cifra de 800 mil habría que multiplicarla por 3, vale decir podríamos afirmar en un "ejercicio bien grueso" que 2, 4 millones de personas en Chile dependen de los sueldos del Estado.
Esa es la importancia de las negociaciones que actualmente sostienen los funcionarios públicos y el Gobierno en este caso representados por el Ministerio de Hacienda y del Trabajo.
En esta mesa los trabajadores piden 6,5 % de aumento en sus remuneraciones, el ejecutivo ofrece 3,5 %. Obviamente este es el inicio de las conversaciones y probablemente ambas partes se junten en el medio.
¿Cómo calcular cuál podría ser el aumento salarial justo para los funcionarios públicos?
En este caso creemos lo más natural y obvio sería lograr que el sueldo de los trabajadores no vaya perdiendo su valor. Por lo tanto, hay que conocer qué tanto ha subido el costo de la vida y esto es un índice muy fácil, hablamos del IPC que mide precisamente cuánto suben los precios de una canasta básica de productos mensual y anualmente.
En lo que va de este año, ya llevamos un IPC de poco más de 3,7 % y en los últimos 12 meses hasta octubre al menos este ha sido de 5 %. Por lo tanto, la cifra de 6,5 % pedida por los trabajadores creemos es la que más se acerca a la realidad.
Y si es tan sencillo entonces, ¿por qué esto no se resuelve con una ecuación sencilla que esté fija y que se aplique años tras años?
Por ejemplo, implementar que anualmente el sueldo de los trabajadores públicos suba según el IPC acumulado del año más un delta de 1 a 1,5 %. ¿Por qué no se hace esto?
La respuesta es porque claramente en este tipo de negociaciones entran a tallar otras cuestiones más bien políticas como por ejemplo de qué tendencia es la dirigencia de la ANEF v/s el Gobierno de turno y otras cuestiones que en rigor no tiene nada que ver con el tema de los sueldos, pero que en Chile parecieran ser fundamentales.
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