Gobierno ingresó proyecto sobre reglas de uso de la fuerza: ¿En qué consiste la normativa?
El Gobierno ingresó el proyecto de ley que había sido anunciado sobre reglas del uso de la fuerza. La iniciativa nació de un Protocolo de Acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la reforma constitucional para la Protección de la Infraestructura Crítica, en la Comisión Mixta.
De acuerdo a lo que se informó desde el Ministerio del Interior, lo que busca es normar el uso de la fuerza para personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público.
Además, regulará protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.
En específico, en su formulación busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en Chile, actualizarlos e incorporar recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango normativo a nivel legal. Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que eran emitidos por Carabineros a través de circulares.
La ley sobre reglas de uso de la fuerza apunta a dar certezas en el ejercicio de persecución penal
La ley apunta a dar certezas a la ciudadanía, a las policías, a las fiscalías y a los jueces en el ejercicio de la persecución penal. Al contar con respaldo legal y dejar de ser meramente normativas, se garantiza el reconocimiento de estos protocolos por parte del sistema en su conjunto.
Tiene una función de complementariedad respecto de la ley que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocida como "Naín Retamal". Además, establece como eximentes la legítima defensa y el cumplimiento del deber, en concordancia con la aprobada ley.
En abril, la ministra Carolina Tohá sostenía que la normativa "nos va a subir el estándar de cómo está regulada esta materia. Donde también lo que respecta a las cámaras de video tiene enorme cabida, porque hace toda lógica que en estas reglas se establezca también un estándar y el Estado mismo se imponga un estándar (...)".
