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En medio de su intervención en el conversatorio “Concesiones urbanas y Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC)”, el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó los serios problemas de infraestructura que tiene la región, argumentando que tras el 27F sólo se han desarrollado proyectos de reposición, y que es necesario un acuerdo para enfrentar esta crisis.
La instancia, incluyó exposiciones y paneles de conversación, donde participaron, entre otros, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo; el académico Sergio Baeriswyl y el jefe de Macroproyectos del ministerio de Obras Públicas, Juan Ignacio Rivera.
En dicho evento se analizó la efectividad en cuanto a instrumentos legales que se utilizarían para la atracción de inversión público – privada, con plena coincidencia en criticar el centralismo y la evidente diferencia existente entre las inversiones que se ejecutan en la Región Metropolitana en comparación al resto del país.
Una serie de convenios necesarios
En ese sentido, Díaz destacó que “hoy se han comenzado a cimentar una serie de convenios de programación entre el Gobierno Regional con distintos ministerios e instituciones, como el MOP, Minvu, Transportes y EFE, lo que nos permitió levantar una cartera de inversión pública por $1.160 millones de dólares, que se podría ejecutar bien, si tuviéramos un sistema de gobernanza similar a lo que fue Biovías, en un plazo de 5 años”.
“La mala noticia – añadió - es que de 10 pesos que necesitamos en inversión, sólo 4 los vamos a conseguir desde el Estado y, como estamos en una situación tan precaria, necesitamos, ahora, un shock de inversiones y para ello, los 6 pesos que nos faltan los tenemos que levantar desde el sector privado, que padece de una serie de normativas que dificultan la inyección de estos dineros”, detalló.
En este punto, enfatizó que “considerando la actual crisis económica, se genera una oportunidad de mejoras al actual FUC que, en la región, la cantidad de proyectos que hemos conseguido con su implementación es cero. Por lo tanto, es una ley que se debe corregir e incorporar a los gobiernos regionales”. Esto, porque considera sólo al Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, y a las municipalidades.
Al terminar su intervención, dejó lanzada una invitación a los presentes. “Determinemos la cantidad de infraestructura que necesitemos, pero sin techo (de recursos), y pongamos en valor lo que queremos, lo que necesitamos como región y no por capricho, y se lo planteamos a los Gobiernos de Chile, a éste y a los que vendrán”, concluyó la autoridad regional.
Una reflexión en conjunto
Al respecto, Bernardo Suazo, presidente de la CChC Concepción, lamentó que “la Ley FUC desde el 2003, cuando se creó, no ha tenido ningún proyecto ejecutado a través de este instrumento en la región. Esto, porque existen ciertas trabas y procedimientos que para las regiones son impracticables, por ejemplo, en cuanto a garantías, no hay incentivos, es una ley muy desconocida, sin subsidios ni financiamiento para que los privados puedan participar y asociarse, por ejemplo, con el Gobierno Regional para concretar proyectos”.
Por su parte, el jefe de división de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, Óscar Ferrel, manifestó que “hicimos una pausa para reflexionar en conjunto, de manera regional, sobre cuáles son los cambios que se necesitan para impulsar una agenda de inversiones que nos lleven a otro nivel. La región lo necesita, estamos muy atrasados y hay un déficit muy grande en infraestructura y aquí hay que sumar esfuerzos”, dijo.
“Esto pasa, en general, por tener un mayor incentivo al desarrollo, tener un banco de proyectos regionales y facilitar los procedimientos. No puede ser que para hacer un camino en San Pedro de la Paz tengamos que recurrir a la firma del ministro de Obras Públicas, Hacienda y del Presidente”, agregó.
¿Aún no cesa el centralismo?
Ferrel, además. enfatizó en que “mientras nosotros estamos discutiendo esto, en Santiago se sigue avanzando en líneas de Metro, en construcción de infraestructura y en autopistas, porque allí es bastante fácil hablar con los ministerios, pero aquí hay que cruzar el charco y la verdad que para decisiones de 20 o 50 millones de dólares, perfectamente, creemos que debe ser resorte del Gobernador Regional”, subrayó.
Cabe recordar que, en el último Índice de Competitividad Regional, ICORE, elaborado por la Universidad del Desarrollo, la Región del Biobío se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional y ocupa la décima posición en nivel de infraestructura.
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