Familiares de víctimas del franquismo encuentran algo de paz: Nueva Ley de Memoria anulará penas

Flor Baena lleva décadas intentando limpiar el nombre de su hermano José Humberto, que fue una de las últimas cinco personas ejecutadas bajo el régimen fascista del general Francisco Franco, apenas dos meses antes de la muerte del dictador en 1975.

Pero este jueves se publicó en el boletín oficial la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de izquierdas que aborda el legado de la dictadura de 1939-1975 y los tres años de guerra civil que la precedieron. A partir del viernes, todas las condenas por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual durante la guerra civil y el período franquista quedan anuladas.

"Yo quiero que salga en todos los medios de comunicación diciendo que fue un inocente al que fusilaron. Por equivocación o por lo que fuera, pero que era inocente. Que le devuelvan su honor y quede en la historia como asesinado, no como asesino", declaró a Reuters.

Un tribunal militar condenó a Baena, de 24 años, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un movimiento clandestino de izquierda, a la pena de muerte por el presunto asesinato de un agente de policía. Baena negó estar implicado en el asesinato. Los testimonios dijeron que no se parecía al tirador, pero el tribunal no los tuvo en cuenta.

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Las ejecuciones, que también incluyeron a dos miembros del grupo separatista vasco ETA, el 27 de septiembre de 1975, provocaron indignación y protestas en España y en el extranjero.

Tras haber llevado sin éxito el caso a los tribunales españoles y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Flor Baena, de 69 años, agradece la nueva ley, pero sigue lamentando que sus padres hayan muerto con el nombre de su hermano aún manchado por el asesinato.

La hermana de José Luis Sánchez Bravo, otro miembro del FRAP ejecutado el mismo día que Baena, recordó el dolor que sufrió su madre tras su muerte, que, según ella, la privó de las ganas de vivir.

"Si por lo menos el nombre de mi hermano queda limpio ya me doy por conforme", manifestó Victoria Sánchez Bravo sobre la nueva ley que pretende eliminar lagunas y abarcar un mayor número de víctimas y delitos relacionados con el franquismo, 14 años después de la aprobación de la primera ley de Memoria.

Pero los grupos de memoria histórica dicen que siguen sin abordarse cuestiones clave, como tener sentencias judiciales sobre los crímenes reales o llevar a los autores ante la justicia.

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"No vamos a tener esa verdad jurídica si nos comparamos con Argentina", lamenta Rosa García, de la asociación de presos franquistas La Comuna, que siendo estudiante de Medicina en 1975 fue condenada a dos años por "propaganda y reunión ilícita".

En un intento de cerrar las heridas, los partidos de izquierda y derecha acordaron un Pacto del Olvido en 1977 para evitar enfrentarse a un pasado doloroso y facilitar la transición a la democracia. Sin embargo, el legado de Franco sigue siendo un tema polémico en España, especialmente tras el ascenso del partido de extrema derecha Vox en los últimos años.

Fosas comunes

Con el nuevo proyecto de ley, el Estado también promoverá la búsqueda y exhumación de las víctimas enterradas en fosas comunes, que hasta ahora eran gestionadas por grupos de memoria histórica. Las estimaciones del Gobierno apuntan a 114.000 civiles desaparecidos, presumiblemente asesinados por las fuerzas franquistas durante la guerra y a lo largo de la dictadura.

A principios de este mes, varias familias recibieron los restos de sus seres queridos de una fosa común en la localidad levantina de Paterna, donde los voluntarios han descubierto hasta ahora un total de 154 fosas de este tipo, exhumando a 1.200 víctimas.

Hasta el mes de julio, el Gobierno ha dado luz verde a 448 proyectos de exhumación, entre ellos uno en el centro de Valladolid, donde las asociaciones esperan recuperar a 160 víctimas.

Con la nueva ley, el estudio del legado del franquismo formará parte del programa escolar obligatorio y se exigirá a los aspirantes a puestos de trabajo en la administración pública. Hasta ahora, el franquismo se incluía en el programa escolar de historia, pero rara vez se abordaba con detalle.

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Carles Vallejo, antiguo sindicalista que huyó al exilio en 1971 tras ser condenado por reunión ilegal y propaganda, espera que esta enseñanza sensibilice a las generaciones más jóvenes.

"Puede ser un poco el antídoto del ascenso del neofascismo, o 'posfascismo' o extrema derecha en Europa", dijo, lamentando que España no haya impartido antes una educación de este tipo para explicar los peligros del franquismo y otras dictaduras y cómo recortan derechos y libertades.

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