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Un total de 45 empresas contratistas forestales presentaron una demanda de indemnización de daños y perjuicios por falta de servicio del Estado. Lo anterior, luego de 67 ataques incendiarios que se registraron en la zona sur del país.

La demanda se interpuso en el Segundo Juzgado de Letras de Concepción, la que aborda los atentados ocurridos desde noviembre de 2018 hasta julio de este año. 

En conversación con El Mercurio, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, se refirió a la querella y mencionó que “son demasiados años en que el Estado ha mirado hacia otro lado y es tanto el daño patrimonial, que se ha producido un empobrecimiento de los contratistas. Mientras esperábamos que se tomaran medidas para enfrentar de verdad la violencia, lo que no ha ocurrido en nueve años”. 

“Decidimos emprender esta demanda porque hay responsabilidad del Estado. Y este no puede hacerse a un lado de esta situación, en circunstancias en que un sector productivo importante ha sido destruido”, agregó. 

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Cabe mencionar que desde enero de 2014 hasta la fecha, el gremio ha sufrido 408 ataques. De estos, 406 ocurrieron en la Macrozona Sur y dos en la zona central, donde tuvieron pérdidas económicas que superan los 166 mil millones de pesos. A esto se suma una merma de 1.463 equipos, entre camiones, maquinarias forestales y camionetas. 

En cuanto a la indemnización, el abogado representante de las 45 empresas, Juan Ignacio Correa, indicó que “estos se van a pedir al momento de cumplirse la sentencia o en una etapa posterior. Esto es usual porque lo que uno inicialmente pide es que se declare que tal conducta es ilícita. La que, en este caso, sería la falta de servicio del Estado”. 

Bajo ese contexto, el abogado aclaró que para cada uno de los afectos se solicitarán indemnizaciones diferentes y por separado. Correa explicó que “aquí podemos observar dos tipos de perjuicio. Uno es de las cosas materiales, como por ejemplo los camiones o las retroexcavadoras; y el otro, son los contratos que ellos no pudieron cumplir al quedarse sin equipamiento ni maquinarias; por lo tanto, se pierde la utilidad que ese acuerdo le habría generado y que es lo que se conoce como el lucro cesante”. 

Por último, el profesional sostuvo que la demanda implicará un juicio de Hacienda, “que son aquellos en que el Estado es el demandado y la ley establece que aunque no se apele al fallo de primera instancia, este sube en consulta a la Corte de Apelaciones”. 

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