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El 9 de agosto del 2021, a pocos días de asumir, el Gobierno Regional del Biobío, ya al mando de Rodrigo Díaz, en medio del proceso de reajuste de equipos tomó la decisión de despedir a funcionarios que tildó de “ñoquis”; ya que según sus análisis, aparecían a fin de mes a cobrar el sueldo sin haber trabajado el resto de los días.

Ese proceso de desvinculaciones a su llegada incluyó 23 despidos. Al ser consultado, en ese momento así respondió: "A mí me importa que la gente venga a hacer su trabajo; y nuestro primer trabajo hoy es ocupar bien casi el 70% de los recursos, que al mes de agosto de este año, aún no han sido ocupados (…) En Argentina hablan de un término ligado a un plato de comida, los ñoquis le dicen".

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Estas declaraciones se consideraron como ofensivas por María Angelina Ortiz, abogada y que había llegado con la administración del ex intendente Jorge Ulloa a trabajar en 2018. Ella decidió demandar tutela laboral la que fue acogida parcialmente por la justicia.

Fallo de la justicia laboral

El fallo ordena al Gobierno Regional del Biobío a pagarle una millonaria indemnización: en total 41 millones de pesos. En el desglose 11 sueldos iguales al último que percibió; lo que lleva a cerca de 36 millones más cinco millones de pesos por el daño moral sufrido.

Asimismo la justicia le ordena a Rodrigo Díaz Wörner, gobernador regional, a emitir una carta con disculpas públicas.

"Deberá, como medida reparatoria, extender una carta de disculpas públicas a la demandante por los dichos del Gobernador Regional y el Jefe de la División de Presupuestos, publicados en los medios de prensa que se detallan en esta sentencia, especialmente al haber utilizado el apelativo de “Ñoqui” en su contra, sin que fuese aquello necesario ni justificado aún en el caso de su desvinculación, bajo apercibimiento de multa de 50 UTM, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento
de la medida decretada", dicta el tercer considerando.

Versión de la afectada

María Angelina Ortiz, expuso que “fue bastante doloroso para todos, prácticamente la totalidad de las 23 personas desvinculadas ejercimos acciones judiciales; el GORE pagó todas las indemnizaciones por acuerdo así que este tema quedó ahí”.

“Mi caso era un poco más complejo porque se vulneró mi imagen profesional desde varios ángulos y la sentencia lo reconoce. Fue un procedimiento agotador, pero finalmente tuvo como resultado una condena ejemplificadora; es impresentable este tipo de conductas por parte de autoridades públicas que representan a órganos del Estado, que es el que debería dar el ejemplo en materia de Derechos Fundamentales”, agregó.

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Mauricio Moris, coordinador Unidad Jurídica Gobierno Regional del Biobío, indicó que "hemos sido notificados de un fallo de carácter laboral, el cual estamos analizando ya que no compartimos sus fundamentos. Haremos valer los distintos cursos de acción a los que la ley nos faculta ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Concepción".

El caso de María Angelina Ortiz no es el único; de hecho hay otras tutelas laborales en curso que podrían tener un resultado similar, ya que los argumentos son los mismos.

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