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El gobierno mexicano dijo este jueves que las evidencias apuntan a que fueron ultimados los estudiantes de una escuela rural de magisterio que se encuentran desaparecidos desde hace ocho años; calificando el caso como un crimen de Estado.

Tras presentar un informe ante los padres de los jóvenes y sus abogados, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció las dificultades para dar con su paradero; especialmente porque más de una veintena de los testigos claves fueron asesinados y otros no han sido localizados.

"No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias apuntan a que fueron arteramente ultimados y desaparecidos", dijo el funcionario a reporteros. "Se trató de un crimen de Estado", añadió.

Representantes y familiares de los 43 jóvenes normalistas dijeron en un breve mensaje que analizarán la "dureza" de la información con ayuda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); que ha logrado evidenciar las graves fallas en las pesquisas gubernamentales.

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Un ex funcionario está acusado de haber manipulado las indagatorias

Encinas informó además que autoridades se reunieron recientemente en Tel Aviv con abogados de Tomás Zerón, un exfuncionario de seguridad de alto nivel acusado de haber manipulado las indagatorias; y quien se encuentra actualmente prófugo en Israel.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió el año pasado una carta al gobierno israelí buscando agilizar la detención del exfuncionario para que se le extradite; pero ha dicho que hasta ahora no ha recibido respuesta.

Autoridades consideran clave a Zerón para llegar a la verdad del caso; en el que también habrían sido partícipes fuerzas militares, a quienes se les señaló por supuestamente retrasar la entrega de información sobre lo sucedido. El Ejército no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios.

En septiembre de 2014, policías coludidos con criminales atacaron a balazos a alrededor de 100 estudiantes en el estado sureño Guerrero; 43 de ellos nunca aparecieron. El hechos son una herida abierta en México y su esclarecimiento se convirtió en una de las promesas de campaña de López Obrador.

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