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Dos seremis recientemente designados en el Biobío enfrentan un juicio de cuentas abierto, en trámite, por Contraloría, al ser responsables por “negligencia” de entregar más de 26 millones de pesos en bonos a funcionarios de educación en Lota durante los años 2017 y 2018, siendo que no correspondía.

Los cuentandantes o demandados son Hedson Díaz; actual seremi de Desarrollo Social y ex administrador municipal de Lota, y la actual seremi del Trabajo, Sandra Quintana, ex jefa (s) del departamento de educación municipal lotina.

La irregularidad detectada quedó plasmada en el informe 989/2018 del 11 de enero de 2019. Allí se da cuenta que en 2017 se dieron 57 bonos, mientras que en 2018 otros 47 a administrativos que, acorde a Contraloría, son “trabajadores del DEM -que- no cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en la normativa legal vigente, a saber, las leyes Nos 20.971 y 21.050, como lo es estar trabajando en un establecimiento educacional para recibir el bono allí señalado o algún otro similar”.

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La Contraloría ordenó al municipio de Lota suspender el beneficio, por improcedente, y recomendó iniciar las acciones para que esos fondos se restituyeran al más breve plazo.

En una nueva fiscalización al detectar que la devolución no ocurrió, generó un reparo de cuentas en que pide sancionar a Hedson Díaz, Sandra Quintana y tres personas más, ya que “corresponde hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de los servidores municipales cuyas atribuciones permiten o exigen la tenencia, uso, custodia o administración de fondos públicos, los que serán responsables de su uso, abuso, empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia”.

Responsabilidades personales

En el reparo 128/2019 al que accedió Sabes.cl el órgano contralor detalla las responsabilidades.

En el caso de Hedson Díaz, señala que “firmó por orden del alcalde los decretos Nos. 27, de 2017 y 330 de 2018, que aprueban el pago del bono cuestionado, respecto de 57 y 47 trabajadores administrativos del DAEM, respectivamente, así coma el decreto N° 329, de 2018, que aprueba los parámetros para el pago del mismo, y los decretos de pago que materializaron los egresos reparados”.

En el caso de Sandra Quintana, entre sus responsabilidad está prevenir “que los educadores que ejercen esa plaza, cumplen una función docente directiva, por lo que les corresponde administrar los recursos humanos, materiales y financieros en coordinación con el Departamento de Finanzas de la misma dependencia municipal que dirigen”.

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En el caso de Hedson Díaz, solidariamente es responsable de todos los bonos, por lo que el monto estimado de devolución es de 9 millones 250 mil pesos.

En tanto en el caso de Sandra Quintana, el monto estimado a devolver sería de 4 millones 415 mil pesos. Los montos totales fueron divididos en tres ítems y cada uno hay, para la Contraloría, tres responsables solidarios.

Para ello la Contraloría pide al Tribunal de Cuentas sobre el informe “acogerlo en todas sus partes, condenando a los demandados, al pago de las sumas. precedentemente señaladas, o en subsidio, a la cantidad que US., determine, considerando, en todos los casos, la desvalorización monetaria y el daño efectivamente causado”.

Versión de los involucrados

Consultado Hedson Díaz, actual seremi de desarrollo social del Biobío, dijo que “no hay juicio de cuentas pendientes; el año 2016 y 2017 se entregaron bonos de desempeño a los asistentes de la educación, tanto a los que trabajaban en las escuelas que les correspondía por ley, como a los que trabajaban en el departamento de educación. La Contraloría realizó un reparo respecto del bono entregado a los funcionarios que trabajaban en el departamento de educación y ordenó paralizar ese pago, cuestión que se realizó y se solicitó el reintegro, a los trabajadores, de estos fondos”.

“Ellos -los trabajadores- judicializaron el tema y ganaron la demanda, en el año 2021 se cancela esta demanda íntegramente por parte del municipio y esa acción judicial se superpone a algún reparo de Contraloría, por tanto, al estar concluido el proceso judicial no hay reparo en cualquier ámbito administrativo”, agregó.

Sin embargo, consultada la Contraloría se informó que ya se dio inicio al juicio de cuentas y está en su etapa inicial, en ningún caso cerrado. De hecho, todos los involucrados están notificados.

Respecto de la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, se solicitó una versión, la que al cierre de esta edición aún no era emitida.

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