9 personas fueron detenidas por tráfico de migrantes: Se decretó prisión preventiva

Nueve personas que formaban parte de tres agrupaciones dedicadas al tráfico de migrantes en Colchane, fueron detenidas y se decretó prisión preventiva para cada uno de ellos tras la formalización.

Acorde a lo que detalló la fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, Jocelyn Pacheco, la investigación que duró 10 meses tuvo su inicio tras detectar "que existían distintas bandas criminales dedicadas netamente al ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros".

"Este ingreso lo hacían a través de coordinaciones con "coyotes" que son los guías, con los cuales preparaban el ingreso por la frontera de personas de nacionalidad  venezolana, colombiana y boliviana", complementó.

Luego, "a través del pago de una suma de dinero" se les trasladaba "a distintos puntos de la región y del país, como Iquique, Copiapó, Ovalle y Santiago".

La fiscal detalló que los traslados tenían un costo diferenciado según el lugar a donde los migrantes se dirigían. Variaba desde 30 mil cuando les llevaban a localidades del interior de la región, hasta 280 mil cuando era la capital.

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A su vez, también se señaló que una vez que las personas extranjeras las contactaban los coyotes e ingresaban al país por pasos no habilitados, se les dejaba en una bodega o garage, en la localidad de Pisiga Carpa. Allí esperaban a los transportistas para que les trasladaran.

A ello se suma que, según dijo la fiscal, desde diciembre del 2020, las tres bandas se comunicaban. Y coordinaban para hacer estos delitos, ya que era su principal actividad económica.

Con las ganancias ilícitas se logró comprar diferentes vehículos que usaban en el traslado de los migrantes. De hecho, se incautaron nueve vehículos. Se estima que las bandas ingresaron al país y trasladaron a cerca de 400 personas extranjeras a distintas ciudades.

A los nueve imputados se les formalizó por tráfico de migrantes agravado reiterado. Se decretó prisión preventiva por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, se fijó un plazo de investigación de 60 días.