La Municipalidad de Hualpén respondió a los cuestionamientos expuestos en el informe de Contraloría en el que se hacen observaciones, ordenan sumario y piden regularizar algunas situaciones que en total suman $250 millones de pesos.

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Respecto a los cerca de 23 millones de pesos pagados por conceptos de no cumplimiento oportuno de las obligaciones previsionales, multas e intereses devengados de sentencias judiciales laborales, Hernán Gormaz, administrador municipal de Hualpén, señaló que “esto se refiere a las demandas que nos hicieron funcionarios cuando no fueron renovados sus contratos a propósito de una visita de la Contraloría en 2016, había un programa que nos objetó y pidió que eso no siguiera en funcionamiento, entonces la gente contratada a honorarios nos demandó”.

“Las sentencias judiciales uno las opera cuando somos notificados y entre que se dicte una sentencia y el momento de la notificación, hay desfases de días o meses, y eso nos jugó en contra del pago de cotizaciones, que ya venía con intereses y reajuste; esto ya fue cancelado”, cerró.

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Desfile y ramadas

En cuanto a los 36 millones de pesos gastados en el desfile cívico militar y las ramadas familiares de 2018 sin documentación de respaldo, Gormaz indicó que “en el desfile cívico militar no se acreditó la gente que fue al cóctel, porque contratamos uno para 300 personas y no se acreditó por firma que hubo 300 personas, pero los videos están, las fotos están, las actividades se hicieron, hay registro de redes sociales y medios de comunicación, pero el estándar de Contraloría hoy pide acreditarlo”.

Reconocimientos pastores evangélicos

El polémico reconocimiento a los pastores evangélicos es tal vez uno de los puntos más polémicos, debido a que la orden es la restitución de los cerca de $2 millones de pesos utilizados en la ceremonia.

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“Es una actividad que costó 1.800.000 que desarrollamos con toda la comunidad, se pensó que era bueno hacer una actividad con un grupo de personas que profesa una religión, pero esto para la Contraloría no corresponde, por lo tanto tenemos que hacer la devolución, e iniciar los procesos administrativos respectivos, eso está en curso”, aseveró Gormaz.

Por los $43 millones de pesos en cheques protestados y los $137 millones de pesos en deudas nominales en remuneraciones y previsionales, se indicó que tal como ordenó la Contraloría los actos administrativos se realizaron para regularizar todo en el plazo de 30 días.