El eventual sobre pago en la contratación directa de un estudio de abogados externos a Enap Refinerías Hualpén para realizar los títulos de dominio de las 289 familias que se deben relocalizar fue denunciado a la Fiscalía, ya que se conoció un nuevo antecedente: se pagaron $150 millones de pesos cuando el proceso pudo ser gratis.

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El denunciante es eldiputado Leonidas Romero, quien apuntó a que “lo más grave es quea fines de 2017, mi amigo y ex seremi de Bienes Nacionales, EricAedo, ofreció el equipo profesional de la cartera que élrepresentaba gratis, repito gratis, para hacer esto”.

“Con elconocimiento que ellos tuvieron -Enap- lo desecharon y pagaron 150millones de pesos, la verdad es que esto ni siquiera yo creo que esun ilícito, francamente creo que es un robo, aquí tiene responderla presidenta de Enap, que es la señora Loreto Silva, el gerentegeneral el señor -Andrés- Roccatagliata”, agregó.

En la denuncia parainvestigar presuntos hechos constitutivos de delito se pidendiligencias como citar a declarar a los antes mencionados, ademásdel ex seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo.

En conversación conSabes.cl el propio Eric Aedo, reconoció que “en esa oportunidadnos pidieron hacer el estudio de títulos como Bienes Nacionales connuestro equipo jurídico, cosa que respondimos afirmativamente y quepusimos a disposición, pero finalmente Enap no lo tomó en cuenta”.

“Es el mismoequipo jurídico con el que regularizamos más de 16.000 propiedadesy finalmente logramos restituir al fisco de Chile las propiedades queestaban en manos de CEMA, así que era un equipo jurídico de buennivel, yo no sé si Enap conversó esto después con algún otropersonero público”, agregó.

Desde EnapRefinerías Hualpén, a través de un comunicado se indicó que “comola contratación de servicios legales para la confección de estudiosde títulos vinculados al proceso de relocalización fue llevadoadelante con estricto apego a la normativa interna aplicable,cuestión que esperamos aclarar frente la Contraloría, siprocediere”.

Lo anterior debido a que la situación también fue denunciada en Contraloría para su investigación.

Entre los antecedentes presentados destaca que el equipo de abogados contratado, a pesar de tener 17 juristas de planta, es de propiedad de Hugo Larraín, padre de Andrés Larraín Páez, condenado por la Justicia en el marco de la investigación por lesiones leves previas al suicidio de su ex pareja, Antonia Garros.