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El abogado querellante por 825 personas afectadas por los episodios de contaminación en Quintero-Puchuncaví, Remberto Valdés, solicitó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a cargo de la investigación penal, formalizar a siete ejecutivos de Enap Quintero.

Valdés busca el “delito de daño calificado que consiste en la propagación de gases tóxicos ya sea dolosa o culposamente causando peligro o daño a la población”, aseguró,

“También incluimos el delito de perjurio, ya que nuestro juicio la empresa ha faltado a la verdad claramente ante los organismos públicos al haber ocultado información que habría llevado más prontamente a establecer su responsabilidad”, agregó.

Traslado de la investigación al Biobío

Los antecedentes que se exponen en la carpeta investigativa, dan cuenta que el primer episodio ocurrió el 3 de agosto de 2018 en Talcahuano y Concepción, cuando un nauseabundo olor a gas obligó a evacuar el Mall Plaza El Trébol y la Clínica Biobío.

Lo anterior a consecuencia de un alije de Iranian Heavy, petroleo iraní altamente tóxico, desde el carguero Monte Toledo al Cabo Victoria frente a las costas de Talcahuano.

Consultado el jurista sobre la opción de trasladar la indagatoria al Biobío, dijo que “es bastante factible, el principio de ejecución del hecho punible aparentemente tiene lugar en la comuna de Talcahuano y por lo tanto es muy viable esa situación procesal”.

Desde Enap a través de un escueto comunicado, se indicó que “respaldamos completamente y mantenemos plena confianza en la correcta actuación de nuestros trabajadores”.

“Estos procesos son de largo aliento, continuaremos planteando nuestra posición y argumentos por la vía institucional y esperamos confiados el resultado final", cerró.

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