El Gobierno de Estados Unidos resolvió aplicar una sobretasa arancelaria del 12,5% a las importaciones chilenas. La medida se tomó tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. bajo la Sección 301, orientada a sancionar a países que no restrinjan de manera efectiva productos elaborados con trabajo forzado.
La disposición afecta de forma global a más de 60 economías, incluyendo a socios clave como Canadá, México, Brasil y la Unión Europea, y no responde a una negociación bilateral.
La respuesta de Chile: "No se condice con nuestros estándares"
Ante el anuncio de la Casa Blanca, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, rechazó la sobretasa y defendió el marco legal chileno.
"Respecto a la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12.5%, queremos reforzar la posición de que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia", afirmó la autoridad.
En esa misma línea, Estévez enfatizó que el Ejecutivo no comparte el criterio aplicado por Washington durante el proceso de investigación. Considera que la aplicación de esta medida no se condice con los estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de investigación por parte de Chile.
Una medida de carácter global y no dirigida hacia Chile
La titular de la SUBREI aclaró que la resolución no responde a un trato exclusivo contra el país, sino a una política comercial masiva de EE. UU. que abarca al 99,4% de sus importaciones, por lo que "en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile".
A su vez, la subsecretaria destacó la participación del sector público y privado en el proceso técnico para defender la posición nacional.
"Desde el inicio de este proceso, Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de esta investigación y presentó, en coordinación con el sector exportador, los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país, haciendo uso de todas las instancias previstas por la autoridad estadounidense", explicó.
EE. UU. no detectó productos chilenos con trabajo forzado
Un punto clave del informe norteamericano es que no acusa la existencia de abusos laborales en la producción chilena. Según la SUBREI, el castigo tarifario obedece a divergencias en cómo ambas naciones fiscalizan la norma.
"Es importante destacar, además, que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense", argumentó Estévez.
Gestiones para frenar el impacto en las exportaciones
Para mitigar los efectos económicos de este gravamen en el comercio exterior, el Gobierno chileno inició gestiones diplomáticas para excluir los principales envíos nacionales de la lista de sobretasas.
"El Gobierno de Chile continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta nueva medida arancelaria", concluyó Paula Estévez.
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