La Pesquera Alimar demandó al Estado de Chile y solicitó una compensación de poco más de 140 millones de dólares, tras estimar que la aplicación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero generó un perjuicio económico para la compañía.
La indemnización reclamada considera -según la demanda- la estimación del valor afectado de las licencias y las utilidades futuras proyectadas bajo el escenario previo a la entrada en vigencia de la normativa
La empresa, mediante la acción judicial, sostiene que la modificación legal alteró de forma anticipada las condiciones pactadas con el Estado de Chile, bajo las cuales la empresa organizó su actividad, realizó inversiones y proyectó su crecimiento dentro del sistema pesquero nacional.
Con más de siete décadas de trayectoria en la Región del Biobío, ALIMAR tiene presencia en Coronel, Lota y Talcahuano; desarrollando actividades industriales cuyas materias primas corresponden principalmente al jurel, sardina común y anchoveta para la elaboración de congelados, harinas y aceites.
Participación reducida de la empresa en sectores estratégicos
De acuerdo con el escrito, la empresa ingresó al sistema de Licencias Transables de Pesca vigente desde 2013 y promovido por el Estado, renunciando a sus permisos de pesca a cambio de licencias transables de pesca, realizando ajustes patrimoniales y operacionales sobre la base de reglas que garantizaban derechos durante un período definido.
Sin embargo, el nuevo esquema de fraccionamiento modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal antes del horizonte originalmente establecido en la ley, reduciendo la participación industrial de la empresa en distintas pesquerías estratégicas para su operación.
“Alimar renunció a permisos de pesca indefinidos y aceptó una rebaja inmediata de sus derechos a cambio de una participación que el Estado garantizó por ley al menos hasta 2032. Esa participación se redujo antes de ese plazo y sin compensación. Es como pagar por una concesión a plazo fijo y que te quiten parte de lo concedido antes de que venza”, comenta el abogado Tomás Menchaca, socio fundador de Menchaca y Cía.
Se cuestionan mecanismos de compensación
La empresa plantea que esta demanda no busca cuestionar la facultad del Estado para modificar políticas públicas, sino establecer que, cuando dichos cambios generan impactos patrimoniales sobre derechos adquiridos, corresponde establecer mecanismos de compensación. La reducción de cuotas afecta el derecho de propiedad de Alimar, ya que desconoce condiciones que el propio Gobierno garantizó y comprometió por ley, privando a la compañía de parte del valor económico de sus licencias sin retribución alguna.
“Esta discusión no es solo sectorial; también aborda cómo el país entrega certezas para desarrollar inversiones de largo plazo y cómo se equilibran los cambios regulatorios con la confianza legítima de quienes operan bajo reglas previamente establecidas, y que otorgaban derechos plenamente incorporados a su patrimonio”, sostiene Menchaca.
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