Un llamado anónimo permitió frustrar un presunto robo con homicidio en Talca. A raíz de ello, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un operativo que culminó con la detención de al menos 10 extranjeros en situación migratoria irregular.
Según detallaron las autoridades, los sujetos habrían viajado desde la región Metropolitana hasta el Maule.
Asimismo, indicaron que la denuncia permitió agilizar las diligencias entre la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Regional del Maule, las que permititeron concretar la entrada y registro del domicilio donde los involucrados se encontraban instalados y presuntamente dispuestos a ejecutar el ilícito en la comuna de Talca.
Por otro lado, las autoridades informaron que en el lugar incautaron cuatro armas de fuego, dos vehículos y teléfonos celulares pertenecientes a los involucrados. Además, precisaron que al menos dos sujetos intentaron escapar a través de patios colindantes, pero los equipos de la PDI lograron detenerlos rápidamente.
Declaraciones de las autoridades tras frustar robo con homicidio y detener a 10 extranjeros en situación irregular
Al respecto, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana señaló que “lo importante es que estas coordinaciones se hicieron en tiempo record, y lo dicho en la audiencia por el magistrado en su resolución: la actividad realizada por la Fiscalía Supraterritorial, por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Regional del Maule, fue providencial, y en definitiva evitó la comisión de un delito que podría terminar con la vida de una persona. Así lo destacó el tribunal”.
En tanto, el fiscal SAC del Maule, Francisco Soto, detalló que “producto de la investigación se logró ubicar la casa de seguridad, donde fueron detenidas estas 10 personas. El grupo estaba conformado por ciudadanos colombianos y venezolanos, quienes ingresaron ilegalmente al país, los cuales estaban planificando un robo con violencia, a una persona que vive en una localidad rural de la región”.
Finalmente, los imputados quedaron en prisión preventiva, ya que el juez a cargo de la causa los consideró un peligro para la sociedad. Del mismo modo, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
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