Desde la primera derivación -abril de 2025- hasta la fecha, el Programa de Mediación Penal Juvenil registró un total de 105 casos en la región del Biobío, de los cuales en 55 llegaron a procesos de mediación entre víctimas y victimarios adolescentes. En estos se alcanzó un 94% de cumplimiento, es decir, en 9 de cada 10 instancias se concretaron las etapas de sesiones que terminaron con acuerdo entre ambas partes.
En estos 55 casos hubo amenazas, daños, hurtos, lesiones, riñas, porte o consumo de drogas, entre otros hechos de relevancia penal juvenil, ocurridos en diversos contextos, tales como violencia intrafamiliar, ámbito escolar, residencias de protección y espacios públicos.
Entre otros datos, cabe mencionar que, de los 105 casos de mediación, hubo 138 adolescentes derivados. De ellos, un 70% corresponde a hombres y un 30% a mujeres.
Para la directora regional (s) del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Glenda Alarcón, “esto demuestra que, una vez que las partes aceptan participar, el diálogo y la reparación se transforman en herramientas efectivas que fortalecen procesos de cambio en las trayectorias de vidas de los adolescentes. Propiciando su reinserción social”.
¿Cómo funciona la Mediación Penal Juvenil?
El programa de Mediación Penal Juvenil que imparte el Servicio Social de Reinserción Juvenil ofrece “una forma alternativa de resolución de los conflictos”, en la que se puede establecer un consenso en la que “la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador”.
El proceso contempla cuatro etapas: derivación, preparación, sesiones de mediación y seguimiento de los acuerdos alcanzados. La Mediación Penal Juvenil no es obligatoria. Tanto la víctima como el imputado pueden decidir participar o no, y también desistir en cualquier momento del proceso. Asimismo, cada acuerdo es distinto y se ajusta a las características y necesidades particulares de cada caso.
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