Una denuncia por presuntas irregularidades millonarias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ingresó este miércoles a la Fiscalía Nacional, luego de que la dirección de Junaeb acusara pagos por más de $14 mil millones a una empresa que, según la investigación interna del servicio, nunca entregó las raciones comprometidas para estudiantes de la Región de O’Higgins.
La acción fue presentada por el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, quien aseguró que los antecedentes detectados durante una auditoría comprometen recursos públicos destinados a niños vulnerables y podrían configurar eventuales delitos vinculados a modificaciones contractuales y pagos sin justificación suficiente.
El caso se concentra en la licitación 18-20 del Programa de Alimentación Escolar, adjudicada en siete regiones del país a 17 empresas. En O’Higgins, el servicio quedó en manos de la empresa SOSER S.A., que terminó recibiendo pagos millonarios por raciones que, de acuerdo con Junaeb, nunca fueron entregadas.
El precio de las onces superaba ampliamente al resto de las empresas
Según detalló la actual administración de Junaeb, una de las principales observaciones a la licitación fue que no estableció bandas de precios, permitiendo que cada empresa ofertara valores distintos para desayunos, almuerzos y onces.
Mientras la mayoría de las empresas ofertó valores entre $800 y $2.000 por servicio, SOSER presentó un valor de $6.522 por once para educación básica. Con los reajustes posteriores, el monto subió a $7.895 en 2022 y alcanzó los $8.680 en 2023.
Pese a esos elevados valores, la investigación interna sostiene que entre 2021 y 2023 la empresa recibió pagos superiores a los $14 mil millones sin haber entregado ninguna once a estudiantes de educación básica en la región.
Tras reunirse con la Unidad Anticorrupción de Fiscalía, Fernando Peña afirmó “pudimos intercambiar antecedentes de una investigación que, si bien estaba en curso, hoy incorpora elementos nuevos, sobre todo por los montos comprometidos: más de $14 mil millones en onces que nunca se entregaron a los alumnos de la Región de O’Higgins”.
La autoridad agregó que “Consideramos que es un hecho grave, sobre todo porque esto se hace a través de la modificación del contrato sin toma de razón. No se le consulta a Contraloría con el ánimo de ocultarle esa maniobra, lo que compromete gravemente el patrimonio de la institución, afectando de esta manera a los niños más vulnerables”.
Modificaciones de contrato y aumento de pagos quedaron bajo la lupa
La denuncia también apunta a decisiones adoptadas durante 2022 y 2023 al interior del servicio. La auditoría detectó que el entonces jefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, autorizó mediante correo institucional una modificación contractual que aumentó el pago fijo desde un 40% a un 60%, además de ajustar las raciones programadas.
Posteriormente, esa modificación fue formalizada sin toma de razón de Contraloría, mediante una resolución firmada por la entonces directora nacional del servicio, Camila Rubio Araya.
Otro de los antecedentes que hoy revisa Fiscalía es que, durante 2023, mientras a la mayoría de las empresas se les redujeron a cero las onces programadas, en el caso de SOSER las raciones asignadas aumentaron incluso al doble.
La investigación interna también detectó que, pese a que la empresa no había entregado onces en años anteriores, igualmente se autorizó incrementar las raciones proyectadas para las zonas donde operaba.
Plan de Inspección Total abrió revisión masiva al aparato público
Los antecedentes forman parte del denominado “Plan de Inspección Total”, impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, iniciativa que contempla auditorías internas en cientos de servicios públicos y la movilización de más de 1.000 auditores para revisar el uso de recursos fiscales.
Además de la Fiscalía Nacional, Junaeb informó que los antecedentes fueron derivados a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar eventuales responsabilidades administrativas y judiciales.
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