En el contexto del recorte en el presupuesto a 80 hospitales de Chile ejecutado por el Gobierno, lo que se traduce en 413 mil millones de pesos, tanto el diputado José Antonio Rivas (PS) como el senador Gastón Saavedra (PS) interpusieron un recurso de protección con Orden de No Innovar, en la Corte de Apelaciones de Concepción, para evitar el desfinanciamiento en los centros asistenciales sanitarios de la región del Biobío, libelo que se declaró inadmisible.
El argumento que entrega la Corte penquista dice relación con que el recorte es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo
Según el documento, “en el caso de los servicios de salud de la Región del Bio Bío las reducciones de presupuesto superan los 13 mil millones de pesos, incluyendo hospitales esenciales de nuestra región como son los siguientes: Hospital Guillermo Grant Benavente, Hospital de Coronel, Hospital de Lota, Hospital Higueras, Hospital de Tomé, Hospital de Penco Lirquén, Hospital de los Ángeles y Hospital Curanilahue“.
El Hospital Regional del Biobío “tendrá un recorte brutal de 2700 millones de pesos”, indicó el senador Gastón Saavedra, añadiendo que “a este gobierno no le interesa que la salud sea un derecho, sino dividir los usuarios hacia el sector privado, y con ello, usar los recursos públicos para traspasárselo a las clínicas. No le interesa potenciar la salud pública”.
Gremios de salud pública
Según Adolfo Bécar, presidente de la Fenats base del Hospital Regional, el recorte “significa desfinanciar hospitales que ya están en una crisis. Esto viene a afectar directamente a los pacientes, pabellones, medicamentos, exámenes de alta complejidad, atenciones de especialidad. Además, las listas de esperas se harán aún más largas, el que esperaba un año va a tener que esperar diez”.
En la misma línea, el tesorero de FENTESS, Juan Carlos Sáez, indicó que “esto complica mucho la atención que ya venía con dificultades desde el año pasado. Como estamento técnico nos preocupa como este recorte afectará en la falta de insumos y en el personal que está intentando brindar la mejor atención posible”.
Reuniones decisivas
Tanto gremios de salud pública de la región como las autoridades responsables fijaron una reunión para el próximo viernes 22 de mayo, con el objetivo de darle más consistencia al interpuesto recurso de protección.
Así mismo, la diputada del Distrito 20 e independiente-UDI, Marlene Pérez, confirmó que prontamente tendrá una reunión con la ministra de Salud para abordar este tema, quien señaló que “no podemos aventurarnos bajo ningún motivo a tomar decisiones que eventualmente puedan afectar a los pacientes. El Gobierno ha señalado que esto irá acompañado de procesos más eficientes y que no debiera impactar la atención, pero justamente ahí está el punto: primero hagamos más eficiente el sistema y después evaluemos recortes”.
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