En un proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas, el Gobierno propuso un punto que obligaría a instituciones de salud, de educación y previsionales a reportar a migrantes que se encuentren en condición irregular.
Según consignó La Segunda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentó la propuesta durante la discusión de dicho proyecto en la comisión de Gobierno del Senado. El propósito del Ejecutivo es tomar las instancias donde los migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados, para luego identificarlos, fiscalizarlos y posteriormente, expulsarlos de Chile.
La indicación señala que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran. El domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”.
De aprobarse, distintos organismos como hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles, Isapres, Fonasa y AFP tendrán que entregar los antecedentes de los extranjeros que no cuenten con los respectivos documentos.
Uno de los senadores que respaldó la propuesta fue Andrés Longton (RN), quien detalló al citado medio que “esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos. Se puede detectar qué migrantes ilegales que no tienen RUT están ejerciendo alguna labor prohibida por la ley, sancionar con multas a los empleadores y migrantes. Y, lo más relevante, poder acelerar procesos de expulsión y disuadir de conductas que son ilícitas, pero que están normalizadas sin fiscalización”.
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