Diputados presentaron un proyecto de Ley para reforzar la seguridad marítima y modernizar la fiscalización, incorporando mayores exigencias técnicas a las naves, nuevas obligaciones de auxilio y denuncia, a un año del accidente de la lancha Bruma.
La iniciativa es autoría del diputado Jorge Guzmán (EVO) y cuenta con el patrocinio de sus pares Diego Schalper (RN), Alejandro Bernales (PL), Roberto Celedón (IND-PC), Mauro González (RN), Tomás Kast (EVO), Carolina Tello (FA) y Guillermo Valdés (PdG).
El proyecto de Ley pretende incorporar mayores exigencias técnicas a las naves, nuevas obligaciones de auxilio y denuncia, controles preventivos al personal embarcado y mecanismos verificables de jornada laboral, entre otras medidas, con el objeto de proteger la vida humana en el mar y asegurar mejores condiciones para la gente de mar.
Lo anterior en base a las conclusiones de la Comisión Investigadora por la tragedia de la Bruma, que constató “que existió un lapso considerable entre el aviso inicial de desaparición y la activación formal del protocolo de búsqueda y rescate (SAR). Este retraso excedió los parámetros sugeridos por la normativa nacional y por la práctica comparada en materia de seguridad marítima, lo que implicó la pérdida de horas críticas para la localización de la nave y la eventual protección de las vidas humanas en riesgo”.
Además, “se advirtió que el sistema nacional de búsqueda y rescate marítimo carece de un estándar uniforme sobre tiempos máximos de reacción, así como de un mecanismo independiente que evalúe el desempeño de las instituciones involucradas. Esta ausencia de criterios claros y de control externo dificulta determinar si las demoras observadas responden a limitaciones técnicas, insuficiencia de recursos o decisiones de carácter administrativo”.
Cambios sugeridos en el proyecto de ley en seguridad maritima
Se trata de una serie de cambios que sugiere el articulado que son necesarios modificar o actualizar para evitar que una tragedia como la de la Bruma vuelva a ocurrir.
“El caso Bruma puso de manifiesto falencias normativas y operativas de carácter estructural. En la misma línea, el trabajo de esta Comisión Especial Investigadora permitió advertir la necesidad de actualizar y perfeccionar diversos marcos regulatorios complementarios”, enfatiza el proyecto.
En ese sentido, se perfecciona el régimen de inscripción de naves, estableciendo como regla general la obligación de presentar el certificado de arqueo al momento de matricular una embarcación. “Con la reforma, las excepciones se restringen únicamente a aquellas embarcaciones que, por sus características, finalidad o zona de operación, representen un riesgo bajo para la seguridad de la navegación y del medio marino”, explicaron.
Se refuerzan las medidas de control sobre el uso del piloto automático, en lo concerniente a que la nave que cuente con este sistema deberá instalar cámaras de vigilancia y dispositivos de grabación que permitan constatar la atención permanente del capitán o patrón a las condiciones externas.
“Se introduce un nuevo tipo penal que sanciona con penas de presidio a quienes destruyan, alteren u oculten estos registros audiovisuales, o manipulen dolosamente los instrumentos de seguridad o posicionamiento satelital exigidos por la normativa, cerrando un vacío legal que hasta ahora dificultaba la persecución de estas conductas”, detallaron.
Seguridad y accidentes en el mar: Las modificaciones que se sugieren
Este proyecto de ley incorpora una disposición expresa que faculta a la Autoridad Marítima a realizar pruebas de alcoholemia y narcotest al personal que desempeñe funciones a bordo, especialmente en maniobras críticas de navegación, carga, descarga u operación de maquinaria. Se establece, además, que la negativa injustificada a someterse a dichas pruebas será considerada como presunción de consumo y dará lugar a sanciones administrativas.
“En caso de accidentes con resultado de muerte, lesiones graves o daños significativos al medio ambiente, estas pruebas tendrán carácter obligatorio para los miembros de la tripulación que pudieran haber tenido responsabilidad en los hechos”, justificaron.
La propuesta también refuerza la obligación de denuncia de delitos cometidos a bordo. Si bien esta obligación se encuentra en el Código Procesal Penal, se incorpora de manera expresa en la Ley de Navegación, a fin de asegurar un conocimiento más directo de la norma por parte de capitanes y oficiales, fortaleciendo la coherencia del sistema jurídico y la colaboración con la justicia penal.
Otro eje relevante del proyecto es la modernización del deber de auxilio en caso de accidentes marítimos. A través de esta reforma, se establece una presunción legal de culpabilidad para el capitán que, sin causa justificada, abandone el lugar del siniestro sin prestar auxilio ni dar aviso inmediato a la Autoridad Marítima.
Además, se eleva a rango legal la obligación de dicha Autoridad de ordenar que las naves cercanas o en condiciones de zarpar presten socorro urgente a quienes se encuentren en inminente peligro de vida, sancionando el incumplimiento de esta orden conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
Revisa aquí más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
