Al menos 33 Funcionarios públicos con sueldos sobre los $10 millones mantienen deudas impagas del Fondo Solidario de Crédito Universitario, situación que generó apertura de investigaciones internas y acciones judiciales por posibles irregularidades.
El Fondo Solidario está destinado a estudiantes de universidades del Consejo de Rectores, y se comienza a pagar dos años después de egresar con cuotas equivalentes al 5% de los ingresos anuales. Este puede ser condonado tras 12 años si se cumplen las condiciones de pago, lo que implica que mantener deudas impagas impide acceder a ese beneficio.
En este caso, una investigación detectó que dentro de más de 342 mil personas con deudas activas, cerca de 17 mil corresponden a funcionarios del Estado, incluyendo trabajadores de instituciones como ministerios, el Congreso, el Poder Judicial y organismos fiscalizadores, lo que encendió alertas por el cumplimiento de obligaciones financieras en el sector público.
Funcionarios con altos sueldos tienen deudas del Fondo Solidario
Uno de los datos que más capta la atención es la cantidad de funcionarios con ingresos superiores a $10 millones mantienen deudas que, en conjunto, superan los $380 millones, evidenciando la existencia de un grupo con alta capacidad de pago que sigue en morosidad.
Dentro de ese grupo se identificaron 3 funcionarios con sueldos entre $12 y $13 millones, 9 con ingresos entre $11 y $12 millones y 21 que reciben entre $10 y $11 millones mensuales.
El problema se amplía aún más al considerar que cerca de 1.000 funcionarios que ganan más de $5 millones también presentan deudas pendientes con este crédito estatal.
Instituciones del Estado en las que se concentran los casos
Los casos no están concentrados en un solo organismo, sino que se distribuyen en más de 200 instituciones públicas, lo que incluye entidades de alto nivel como el Poder Judicial, ministerios, el Congreso, la Contraloría y la Fiscalía.
Uno de los focos más relevantes está en la Contraloría, donde se detectaron 118 funcionarios con deudas que suman cerca de $1.100 millones, lo que llevó al organismo a iniciar una investigación interna para revisar cada caso y exigir explicaciones.
Desde la institución señalaron a Mega que “En el caso de una de las personas mencionadas, informó que esto se encontraba pagado en su totalidad desde febrero de 2026. Otra de las personas funcionarias desconoce dicha deuda, pues se tituló en la década de los ’80, lo que daría cuenta de eventuales errores en la base de datos. En los otros casos mencionados, tales personas tienen convenio de pago vigente y se comprometieron a regularizar sus situaciones particulares a la brevedad”.
Deudores en el Congreso y Fiscalía
En el Congreso también se identificaron 32 funcionarios con deudas que superan los $347 millones, lo que sumó presión política al caso y elevó el nivel de preocupación pública.
La situación escaló aún más luego de que se presentara una querella que deberá ser investigada por la Fiscalía, apuntando a un eventual delito de perjurio por no declarar estas deudas en documentos oficiales, lo que podría tener consecuencias legales para los involucrados.
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