Perú vio comenzada su elección presidencial el pasado domingo 12 de abril. No obstante, desde antes que empezara el evento democrático ya había ciertas aristas que llamaban la atención de este proceso. Por un lado, la inestabilidad que ha acompañado a la política peruana desde 2016 ha provocado que estas elecciones permitan elegir al octavo presidente de la nación, panorama que se ha producido debido a que ninguno de los últimos ocho presidentes ha podido terminar su mandato.
Fujimori y López Aliaga
A esto se le suma el hecho que la papeleta a la que la ciudadanía peruana debió enfrentarse, encerraba una impactante cantidad de candidatos, siendo un total de 35 postulantes a la presidencia de la nación latinoamericana. Además y según la encuesta Datum, ninguno de ellos conservaba un nivel de apoyo superior al 15 %, no obstante, Keiko Fujimori, la primogénita de Alberto Fujimori, era quien conservaba la cifra más alta de favoritismo.
Y es que con todos estos antecedentes, dichas elecciones se han realizado con una serie de irregularidades logísticas que han terminado por atrasar el resultado final (actualmente cerca del 54.32 % de las mesas están contabilizadas y los dos candidatos que encabezan la mayoría son Keiko Fujimori con el 16.96 % de las voces y Rafael López Aliaga con el 14.43 %).
Un proceso electoral con obstáculos
El inicio del proceso electoral estuvo marcado por una serie de obstáculos aledaños a la entrega del material necesario para que las elecciones comenzaran a funcionar, lo que en algunos casos significó una demora en el transcurso del procedimiento democrático, mientras que otros se presentaron consecuencias más graves, como la imposibilidad de que 187 mesas no estuvieran habilitadas para recibir sufragios, lo que se tradujo en más de 50.000 ciudadanos ausentes de las elecciones en Perú.
Otro momento que supuso una irregularidad con respecto a este proceso, fue cuando se produjo la detención de un exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por acciones que derivaron en una importante postergación para con la apertura de centros de votación en la capital de Perú. El arresto, llevado a cabo por la Policía Anticorrupción, se efectuó tan solo horas después de que el mismo exgerente hubiera renunciado a su cargo.
Otra instancia que generó controversia con respecto a este proceso democrático fue cuando se registraron votos hacia un candidato que había fallecido días antes de comenzada la campaña electoral. Dicho postulante a la presidencia se trataba de Napoleón Becerra, ligado al Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) cuya tendencia política oscila entre la izquierda y extrema izquierda. El candidato había recibido alrededor de 6.400 votos, posicionándolo como el penúltimo postulante en las listas.
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