La diputada por el Biobío, Marlene Pérez, anunció su apoyo al proyecto denominado “escuelas protegidas”, que incluirá una inhabilidad de cinco años para quienes sean sancionados por actos violentos.
En el marco de los proyectos de ley que el Gobierno anunció que ingresará para enfrentar los casos de violencia escolar que se están produciendo en el país, la parlamentaria valoró que se haya acogido una propuesta que viene impulsando desde hace tiempo y que busca prohibir que personas condenadas por hechos violentos o delictuales puedan acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior.
La diputada señaló que “es de todo sentido común que los estudiantes que se dedican a cometer actos vandálicos no puedan acceder a beneficios financiados por todos los chilenos. La gratuidad debe destinarse a quienes realmente la necesitan y la valoran, no a quienes han optado por la violencia. Esta es una medida absolutamente coherente, frente a la cual esperamos que ningún sector se oponga”.
Además, la legisladora explicó que este proyecto contempla una excepción para menores de edad sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que permite que los tribunales dejen sin efecto la inhabilidad cuando se acredite un proceso efectivo de reinserción social.
“Frente a los niveles de violencia que estamos viendo en nuestros establecimientos educacionales, se requieren señales claras y consecuencias concretas”, sostuvo.
Por último, la diputada Pérez enfatizó que la educación “debe ser un espacio seguro, de respeto y formación” y que “no puede verse amenazada por conductas violentas. Por lo tanto, si hay personas que han sido condenadas por delitos graves, no corresponde que con recursos de todos los chilenos se financien sus estudios superiores. Esta es una señal clara de respeto a las normas y al buen uso de los recursos públicos”.
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