Un recurso de protección presentaron los apoderados de un niño de 6 años, estudiante de The Wessex School de Concepción, luego que este no respetara sus protocolos internos, los que ya eran “arcaicos”, describió el abogado de la familia, Daniel Canteros. En un fallo de enero del 2026, la Corte Suprema ratificó que el colegio discriminó al niño, incumpliendo el derecho de igualdad ante la ley.
Los hechos se remontan a abril del 2025, cuando el alumno de kinder pasó a llevar a una compañera en medio de un juego, generando un reclamo de la apoderada de la estudiante. A raíz de esta situación, el establecimiento educacional derivó al niño a la Fiscalía Local, que lo llevó al Tribunal de Familia. Todo sin dar aviso a los padres del menor.
“Estamos hablando del preescolar todavía”, cuestionó el representante legal frente a la denuncia de hechos que “sindicó como delictuales, siendo el niño no sujeto activo de delitos, por ley“. De acuerdo al reglamento, el primer paso era citar a los padres para resguardar su bienestar psicológico, indicó.
Al incidente le siguió un “conventillo público”, lamentó Canteros, “lo que obviamente trae aislamiento a un menor. El colegio, con protocolos bastante arcaicos, en el transcurso que se dan estos hechos, comienza a actualizar y a cambiar sus protocolos“. Sin embargo, cuando el niño inició su año escolar en marzo del 2026, “la verdad es que no se hizo nada”, indicó.
Máximo tribunal confirmó discriminación
“El colegio tiene que protegerlos a ambos”, enfatizó el abogado. Pero en el fallo de la Corte Suprema, esta da cuenta que el establecimiento manejó la situación “sin haber dado cumplimiento a la normativa educacional que rige la materia”, leyó el documento.
Es más, el máximo tribunal resolvió que “el establecimiento educacional trató a un niño, sujeto de derechos, como un agresor“. “Sin acudir a los canales de intervención idóneos, invisibilizando en
definitiva a dos alumnos de kínder, no obstante contar con protocolos precisos de actuación en su reglamentación interna”, agregó la sentencia.
En definitiva, la Corte determinó que el menor de edad sufrió discriminación de The Wessex School bajo el Artículo 19 N°2 de la Constitución, vulnerando la igualdad ante la ley.
Sanción e indemnizaciones
El recurso de protección ya había pasado por la Corte de Apelaciones de Concepción, siendo rechazado, pero la Suprema revocó la acción. “Se revoca la sentencia apelada de cinco de
septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se acoge la acción constitucional de protección interpuesta en favor del estudiante“, agregó.
Asimismo, remitió los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que fiscalice la creación y aplicación de nuevos protocolos.
Por el lado de la familia, el abogado Canteros señaló que seguirán adelante con otras medidas legales para obtener reparaciones. “A la larga, cuando hay una afectación de un menor en estos grados, que el apoderado (tiene que plantear) la posibilidad de coartarle su proyección en ese colegio y buscar otra alternativa. ¿Por qué eso debería ocurrir cuando el error no está en los padres? Entonces, si no se toman las medidas, obviamente hay que indemnizar“, explicó.
Centro de Padres: “No es el único caso”
Este medio contactó al Centro General de Padres, con la presidente Editta Ramelli Posselius explicando que “tomamos conocimiento del caso y se apoyará frente a cualquier injusticia en falta de aplicación de protocolos o mal realizados. Este tema también se habló con el colegio cuando se nos puso en conocimiento, pero no está en nuestras atribuciones tomar medidas más que alertar y acompañar”. Igualmente, aseguró que “no es el único caso” relacionado al incumplimiento de normativas internas.
Asimismo, se consultó a The Wessex School una versión de los hechos. El gerente de Administración, Alberto Sanhueza, escribió que “lo está viendo la Superintendencia en conjunto con el colegio. De momento no existe otra información ya que se está trabajando entre ambas partes”.
Nota del editor: SABES suprimió de manera voluntaria algunos antecedentes explícitos del incidente para proteger la indemnidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) involucrados.
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