En medio de la histórica alza de la bencina, el Gobierno de Chile informó que evaluará cómo aplicará el congelamiento y la contención de tarifas del transporte público en regiones. Aunque la medida ya fue anunciada para Santiago con el objetivo de mantener el precio de los pasajes, en Concepción y en otras ciudades del país aún no existe un mecanismo definido para su implementación.
El presidente, José Antonio Kast, afirmó que el Ejecutivo trabaja en una fórmula responsable para enfrentar el incremento del precio de las bencinas, considerando el complejo escenario fiscal del país ya que según el “no podíamos pedir un préstamo para financiar un subsidio que finalmente iba a generar condiciones económicas aún más difíciles”, sostuvo.
El mandatario agregó que, ante el impacto en los hogares, el foco estará en apoyar a los sectores más vulnerables y a la clase media, especialmente en materia de transporte. En esa línea, detalló que se impulsará un subsidio temporal para taxis y colectivos, el cual requerirá el respaldo del Congreso.
“A los taxis y colectivos hemos señalado que necesitamos la colaboración del Congreso para generar un bono, un subsidio especial provisorio de seis meses o mientras dure la contingencia”, explicó.
Respecto al transporte público mayor, indicó que el congelamiento de tarifas en la Región Metropolitana estará acompañado por recursos del denominado “Fondo Espejo”, con el objetivo de replicar un efecto similar en regiones.
Sin embargo, reconoció que su aplicación aún está en estudio. “El cómo concretarlo lo vamos a ir revisando y estudiando con la seriedad que corresponde en los próximos días. Queremos que todos los fondos vayan directamente al transporte de pasajeros”, precisó.
Incertidumbre en el Biobío por transporte no reguladas
En la Región del Biobío, las dudas se concentran en cómo impactarán estas medidas en un sistema de transporte más diverso que el de Santiago, donde coexisten servicios subsidiados con recorridos rurales y líneas no reguladas, como las que conectan Concepción con Copiulemu, Florida y Los Ángeles, entre otras de sectores semirurales.
El delegado presidencial regional, Julio Anativia, aseguró que la instrucción es que los beneficios lleguen de manera equivalente a todas las regiones, pese a las diferencias en sus sistemas de transporte.
“Cada región tiene un mecanismo propio y distinto, pero la instrucción es que la ayuda se aplique de manera equivalente a como se hace en el nivel central. Los antecedentes técnicos indican que los mecanismos regionales son efectivos y se activarán de inmediato”, afirmó.
A su vez, el presidente de la Asociación de Municipalidades (AMRBB) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes indicó que “una eventual alza en el transporte público acrecienta la desigualdad territorial existente en nuestra región, especialmente en las zonas más alejadas, donde las alternativas de movilidad son mucho más limitadas en comparación con las ciudades más urbanizadas“.
En ese sentido además hizo hincapié en que “la realidad rural no puede seguir siendo invisibilizada. Cualquier aumento en la tarifa significa un golpe directo al bolsillo de quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos“
“Hacemos un llamado al Gobierno a tomar decisiones con sentido de equidad territorial. Es fundamental avanzar en subsidios efectivos para el transporte rural, tal como lo ha señalado el ministro de la cartera, y asumir que la conectividad no es un privilegio, sino un derecho”, precisó.
Alza de pasajes y falta de definición
Pese a los anuncios, aún no existe claridad sobre cómo se controlará el alza de tarifas en los servicios no regulados, lo que genera incertidumbre entre los usuarios. En este escenario, se estima que los pasajes de taxibuses y servicios no subsidiados podrían aumentar entre $100 y $300, dependiendo del recorrido y los costos operacionales asociados al alza de los combustibles.
Por ahora, el Ejecutivo mantiene en evaluación los mecanismos concretos para aplicar la contención de tarifas en regiones, mientras crece la preocupación por el impacto directo en el bolsillo de los usuarios del transporte público.
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