En medio del aumento de denuncias por acoso escolar en Chile, un proyecto de ley propone aplicar multas de hasta 50 UTM, es decir más de $3,4 millones, a padres o apoderados que no intervengan cuando sus hijos incurran reiteradamente en bullying, abriendo un nuevo foco en la responsabilidad familiar dentro de las comunidades educativas.
El eje de la propuesta es modificar la Ley General de Educación N° 20.370, incorporando una nueva disposición en el artículo 16 D que establece sanciones económicas para apoderados que, pese a ser notificados por el colegio, no adopten medidas para frenar conductas de acoso protagonizadas por sus hijos.
El objetivo central del proyecto es fortalecer el rol de las familias en la prevención del bullying, instalando la idea de corresponsabilidad entre establecimientos educacionales y apoderados.
¿Cuándo se aplicaría la multa a los apoderados?
El texto indica que la sanción podría llegar a 50 UTM y aumentar en caso de reincidencia, incluso duplicándose si los hechos persisten en el tiempo.
Para que estas se concreten, se deben cumplir dos condiciones. Primero, que exista una notificación formal del establecimiento educacional sobre situaciones de bullying. Segundo, que no haya evidencia de acciones concretas por parte de la familia para corregir la conducta.
En ese escenario, los padres deberán demostrar ante el colegio que han intervenido activamente para evitar que los hechos se repitan, lo que funcionaría como mecanismo para evitar la sanción.
¿Por qué surge esta iniciativa en el Congreso?
Fue la senadora María José Gatica (RN) quien presentó el proyecto en diciembre de 2025, pero fue recientemente entregado a la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el objetivo de que el Ejecutivo respalde su tramitación en el Congreso.
La propuesta aparece en un contexto de incremento de casos de acoso escolar y episodios de alta gravedad dentro de comunidades educativas, lo que ha tensionado el debate sobre la efectividad de los protocolos actuales.
Desde la autoría del proyecto se ha planteado que, si bien los colegios han reforzado sus medidas internas, estas no logran resultados sostenidos cuando no existe un compromiso real desde el entorno familiar.
De aprobarse, la normativa se integraría al marco legal vigente sobre convivencia escolar en Chile, incorporando explícitamente sanciones para quienes no asuman un rol activo en la formación y supervisión de sus hijos frente a conductas de violencia.
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