La Fiscalía y los querellantes cuestionaron el informe en derecho y los peritajes que presentó la defensa de los tres tripulantes del PAM Cobra y la empresa Blumar, en medio de la formalización de cargos en el Caso Bruma.
Estos documentos que presentó el abogado Alejandro Espinoza son un informe en derecho del académico Héctor Hernández. A lo que se suman dos peritajes; uno de ellos que realizó la Universidad Austral sobre el PAM Cobra y otro que apunta a los radares de la nave, que elaboró un ingeniero electrónico.
En ese sentido, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, refutó el informe en derecho y aseveró que este se basa “en una cosa distinta a la formalización, puesto que se refiere a las resoluciones del procedimiento administrativo que realizó la Armada de Chile y no la investigación penal. Pedir un informe en derecho sobre una investigación administrativa, donde no se distingue entre la causalidad y responsabilidad, no encaja”.
Mientras que el abogado defensor, Alejandro Espinoza, insistió en que “los hechos por los que formalizó la Fiscalía no son constitutivos de ningún cuasidelito, ya que no indican de manera alguna cual es la inconducta que realizaron erróneamente los tripulantes del Cobra y que les permitiría atribuir responsabilidad penal, eso es una omisión insalvable”.
Medidas cautelares en Caso Bruma se conocerán el día lunes
A raíz del cumulo de antecedentes y peritajes entregados en las tres jornadas de audiencia, se determinó que el lunes 23 de marzo a las 8:30 se darán a conocer las medidas cautelares en el Caso Bruma.
Lo anterior a pesar de la intención del juez coronelino, Jorge Henríquez, que pidió a las partes durante este viernes realizar intervenciones acotadas, hecho que derivó en más de un encontrón entre los intervinientes.
La Fiscalía solicitó arresto domiciliario parcial, firma quincenal y arraigo nacional. Mientras que los querellantes pidieron arresto domiciliario total, arraigo nacional y la incomunicación entre los imputados.
En ese sentido, el jurista Enrique Hernández, justificó la solicitud de incomunicación entre los imputados en que “se debe excluir a priori una modificación en los testimonios. Esta es una carpeta extensa con cambios de versión entre los imputados y eso es trascendental, lo que tiene influencia en la investigación”.
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