La concejala de San Pedro de la Paz, Camila Ortiz Cáceres, ingresó este jueves un oficio a la Contraloría Regional del Biobío solicitando que se analicen una serie de supuestas inconsistencias administrativas y temporales detectadas en el expediente de tránsito y en el proceso de obtención de la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Spoerer.
“Lo que nosotros entregamos acá fue una sistematización de observaciones de carácter administrativo y temporal respecto al expediente de la obtención de la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Spoerer, para que puedan ser consideradas en la investigación que está haciendo la Contraloría”, explicó la concejala.
La edil presentó un informe sistematizado, elaborado a partir de antecedentes obtenidos vía Transparencia desde la Dirección de Tránsito municipal, el cual da cuenta de discordancias horarias, diferencias entre registros institucionales y observaciones documentales que, a su juicio, deben ser revisadas por el órgano contralor.
Incongruencias horarias y concentración del procedimiento
Entre los antecedentes expuestos en el oficio, se detalla una discordancia entre el horario de citación y el registro de inicio del procedimiento. Según la Hoja de Ruta, Spoerer figuraba con una citación a las 15:20 horas del 21 de abril de 2025, sin embargo, el sistema informático municipal registra el ingreso de la solicitud recién a las 17:08 horas, iniciándose formalmente el trámite a las 17:14 horas.
A ello se suma que según el informe las etapas del proceso habrian sido en un corto periodo de tiempo, incluyendo toma de fotografía, recepción de antecedentes, exámenes psicométrico y sensométrico, además de la entrevista médica, lo que fue consignado como un elemento relevante para evaluar la suficiencia procedimental.
Pago registrado a las 00:00 horas y certificado “caducado”
Otro de los puntos observados corresponde al registro del pago del trámite, el cual aparece en el sistema a las 00:00 horas del 21 de abril, como informa la Dirección de Tránsiton pese a que el comprobante de Tesorería Municipal indica un pago presencial, lo que genera dudas sobre la coherencia temporal y la trazabilidad administrativa.
Además, el expediente consigna la recepción de un certificado de antecedentes con estado “caducado”, sin que exista un acto administrativo posterior que subsane formalmente dicha condición antes de continuar con el procedimiento.
Diferencias con el Registro Civil y anotaciones manuscritas
El oficio también advierte incongruencias entre las fechas de emisión y entrega de la licencia registradas por el municipio y los antecedentes del Registro Civil. Mientras el sistema municipal señala que la licencia se emitió el 22 de abril y se entregó el 16 de junio, un oficio del Juzgado de Policía Local de Yumbel indica que el Registro Civil consigna la obtención de la licencia el 21 de abril, fecha que no coincide con los hitos administrativos.
Asimismo, se mencionan anotaciones manuscritas en la Hoja de Ruta del procedimiento, tales como “Multa pendiente”, “Entregada por directora” y “Licencia en Yumbel… No de Chiguay”, las que, según la concejala, resultan relevantes para determinar el conocimiento previo de eventuales impedimentos.
“No estamos haciendo una acusación, sino que más bien estamos presentando antecedentes objetivos para que la Contraloría pueda determinar la legalidad, la probidad y si la formación del acto administrativo se ajustó a derecho”, enfatizó Ortiz.
Respuesta del alcalde Spoerer
Frente a esta acción, el alcalde, Juan Pablo Spoerer, habló de la acción de la edil, asegurando que el proceso ya se encuentra en conocimiento de la Contraloría desde noviembre del año pasado.
“La verdad es que la concejala está en todo su derecho de ejercer su rol fiscalizador, pero una vez más llega tarde porque este es un proceso que ya estaba trabajando con Contraloría desde el mes de noviembre. Cuando nosotros pusimos en antecedentes y en el poder de la Contraloría toda la carpeta de la Dirección de Tránsito, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna objeción ni observación”, afirmó.
Respecto a las incongruencias horarias, el jefe comunal sostuvo que “parte el proceso el 21 de abril, se me avisa de la multa en mayo y finalmente cuando ya está todo pagado y sanjado de forma legal se me entrega en junio la licencia”, reiterando que será la Contraloría General de la República la encargada de pronunciarse.
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