Durante la mañana del 9 de diciembre, una dupla de gendarmes del Complejo Penitenciario Biobío se encontraba realizando un chequeo rutinario de los prisioneros del módulo 42. Las primeras celdas no presentaron nada fuera de lo común, o por lo menos nada que ameritara levantar alguna alarma o protocolo especial. Sin embargo, dicha normalidad se desvaneció en el momento en el que los uniformados vertieron la mirada en la escena ocurrida en el Complejo Penitenciario Biobío.
El habitáculo estaba ocupado por dos personas, Vincent González Aguirre, reo de 27 años, originario de Arica y que se encontraba cumpliendo dos penas que corresponden a un robo con violencia e intimidación además de tráfico de drogas. Su compañero de celda, Diego Valdés San Martín de 41 años, se encontraba cumpliendo penas concernientes a un delito de homicidio y porte de arma de fuego ilegal.
Los eventos precedentes
El historial de violencia de este último es de una extensión enorme en lo que respecta a la cantidad de delitos cometidos. Según indicó el Poder Judicial, Valdés conserva 15 penitencias ligadas a distintos crímenes como peleas clandestinas además de la tenencia, fabricación de armas corto punzantes, además del asesinato de Jeremy Santamaría.
Esto, sumado al mal comportamiento en la primera cárcel en la que se le ubicó (además de una petición elevada por familiares de Jeremy), generó que se llevara a cabo la relocalización del reo al Complejo Penitenciario El Biobío, también conocido popularmente como”El Manzano”.
Así, cuando Valdés de San Martín arribó a la cárcel, se le destinó como compañero a González Aguirre, quien se encontraría allí por un tiempo determinado puesto que se estaban llevando a cabo los preparativos para moverlo a Arica. No obstante, y tal como se mencionó en el medio Infobae, dicho desplazamiento nunca se concretó.
La escena del crimen dentro de la celda
El reducto número 21 de la cárcel ostentaba una oscura y retorcida escena que tenía como autor del crimen a Valdés de San Martín, quien había decapitado a González Aguirre. Según indicó Gendarmería en un comunicado (mencionado también en el medio Ex-Ante), el sujeto había actuado, “aparentemente motivado por una situación de enajenación mental, de la cual no había antecedentes”.
La misma Gendarmería mencionó también que además del cuerpo, el aposento penitenciario tenía sus paredes marcadas con garabatos aleatorios y el número “666” escrito con sangre, esto además de una biblia.
La causa
Ha pasado un año desde que ocurrió dicho asesinato, desde entonces, se dio inicio a una causa legal para investigar el suceso, y es que dentro de los procesos investigativos, el SML (Servicio Médico Legal) puso al imputado bajo un estudio psicológico que arrojó como resultado una esquizofrenia paranoide, lo que, tal como indicó su defensor, Pablo Ardouin, provocó que se pausaran los procesos investigativos, “el tribunal decidió suspender el procedimiento para que el Servicio Médico Legal realice exámenes psiquiátricos a mi representado atendido que existen antecedentes calificados que demuestran que mi representado tiene una esquizofrenia paranoide y que eso lo habría llevado a cometer el delito”.
Asimismo, el abogado destacó que el imputado, al poseer esta condición mental, no se le podría adjudicar la responsabilidad del acto en materia penal, “Lo que sucede es que cualquier que está enajenada mentalmente, al cometer un delito, no es responsable penalmente. No se le pueden imponer las penas, privaciones de libertad. Solamente se le pueden imponer medidas de seguridad hacia esa persona, es decir tratamientos”.
Adicionalmente, la defensa también señaló que, “cuando lleguen los resultados definitivos del Servicio Médico Legal, […] nosotros esperaríamos que se realizara un juicio por medidas de seguridad en el que solamente se va a debatir si mi representado debe cumplir una posible condena en un establecimiento psiquiátrico o no”.
Ante ello, la causa por decapitación ocurrida en el Complejo Penitenciario Biobío han cesado hasta nuevo aviso.
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