Pocos deben recordarlo, pero pese a que el diputado Gabriel Boric siempre se opuso a decretar estados de excepción constitucional para la denominada macrozona sur, en su gobierno fue casi una situación normal.
La actual administración tenía todo un plan para acercarse a las comunidades indígenas y con ello empezar a saldar la deuda. El intento fallido de la ex Ministra del Interior Iskia Siches para ingresar a Temucuicui lo paralizó todo.
El 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el gobierno se implementó el primer Estado de Excepción Constitucional y desde ese momento se ha renovado sin excepciones.
Última renovación con petición de informe
Por 39 votos a favor y 1 en contra, el Senado respaldó una nueva prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
La medida, que ahora debe ser ratificada por la cámara, se extiende por un plazo adicional de 30 días, a contar del 26 de febrero de 2026.
Al respecto, se precisó que sería la última prórroga solicitada por este Gobierno, por lo que se instó a una evaluación más completa de lo que ha significado esta aplicación. Saber cómo se deja el territorio en relación a las cifras, pero también en todo lo que se ha invertido.
Como ha sido la tónica de las últimas prórrogas, se reconoció que la medida ha sido disuasiva y ha mejorado la situación de la macro zona sur; sin embargo, “los ataques que cada cierto tiempo ocurren son una demostración que las células siguen operando”, lo que “aún hacen necesario el estado de excepción constitucional de emergencia”, argumentaron.
Sin embargo, también se constató que “las comunidades indígenas han denunciado allanamientos desproporcionados, uso de la fuerza, y cuando hay un patrón de denuncia no podemos ignorarla. Hemos confundido presencia militar con política de seguridad”.
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