Recién había iniciado el 2026 y la región del Biobío ya tenía su primer caso de homicidio, se trató del asesinato del joven Cristóbal Miranda de 20 años, hecho ocurrido en medio de una fiesta que se realizaba en el conocido Espacio Marina de Talcahuano.
La víctima sufrió una brutal agresión (tipo jauría), cuestión que lo dejó gravemente herido falleciendo más tarde en un centro asistencial.
Tras rápidas investigaciones la policía logró detener a 4 personas supuestamente participantes en los hechos. 2 quedaron en libertad y los otros dos fueron formalizados y por ellos se decretó la prisión preventiva. La defensa de Agustín Saavedra apeló de esta resolución y la corte finalmente escuchó los alegatos para resolver.
Defensa plantea hipótesis de un “homicidio en riña o pelea”
La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción durante esta mañana escuchó los alegatos de las partes involucradas, no sin antes protagonizar algunos incidentes con un medio que amenazó con dejar sin prensa como testigos de la audiencia.
La defensa, encabezada por el abogado Andrés Cruz, argumentó, entre otras cosas, que su cliente no respondía a las características físicas de la denuncia que se presentó tras la agresión a Cristóbal Miranda, que no existe un informe autopsia sino solo un pre-informe incompleto y que “a lo más estaríamos en la hipótesis de un homicidio en riña o pelea en relación con mi representado por cuanto no consta hasta este momento quien fue el que le causó la muerte a don Cristóbal Miranda, quien fue quien lo pateo en la cabeza cuando habían varios individuos que participaron en la pelea”, argumentó el profesional.
Corte considera a joven un peligro para la sociedad
En contrapartida el fiscal Juan Yáñez argumentó nuevamente la manera en que fue asesinado Cristóbal Miranda cuando se lo obligó a arrodillarse para pedir perdón y que incluso uno de los involucrados era medallista de plata en artes marciales, específicamente en Jiu Jitsu.
Finalmente, la corte resolvió rechazar los argumentos de la defensa y confirmó la prisión del imputado en un recinto carcelario por su responsabilidad en el crimen de Cristóbal Miranda. El argumento de los jueces es que la cautelar impuesta es “pertinente, idónea y proporcional y porque su libertad es un peligro para la sociedad”. La resolución fue leída por la ministra Iza Miranda.
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