El Ministerio de Seguridad Pública mantiene en estudio los antecedentes que se encuentran en la investigación del caso Bruma y aún evalúa su ampliación por obstrucción a la investigación, esto a pesar del anuncio que realizó el titular de la cartera en septiembre pasado.
Tras la consulta de SABES, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado sostuvo que el Ejecutivo aún se encuentra analizando los avances de la investigación, ya que “requieren antecedentes periciales muy complejos de obtener y producir, por lo tanto, tenemos que estarnos a lo que diga la evidencia”.
La autoridad explicó que el Ejecutivo mantiene una evaluación permanente respecto de una eventual ampliación de la querella por obstrucción a la investigación, anunciada previamente por el ministro.
En esa línea, el subsecretario destacó que el caso contempla peritajes de alta complejidad, poco habituales en el país, lo que ha incidido en los plazos de definición de nuevas acciones legales. “Ese tipo de peritajes son difíciles de procesar en poco tiempo y estamos en eso”, afirmó, subrayando que cualquier decisión se adoptará una vez que la evidencia esté completamente analizada.
Collado precisó que los procesos judiciales son dinámicos y pueden modificarse a medida que surgen nuevos antecedentes.
Fiscal regional sobre la investigación y querella del Caso Bruma
Por su parte, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, entregó detalles sobre el estado de la investigación y las dificultades técnicas que ha implicado abordar un hecho de carácter marítimo. La persecutora explicó que el equipo debió apoyarse en asesoría especializada en derecho marítimo y naval, tanto interna como externa, además de contar con la colaboración de la Armada y expertos en la materia.
Cartagena confirmó que el próximo 18 de marzo se realizará la formalización de los tres responsables por el cuasidelito de homicidio de los siete desaparecidos y, como elemento novedoso, también se imputará responsabilidad penal a la persona jurídica de Blumar. “Es un cambio legislativo que entró en vigencia en septiembre de 2024 y creemos que vamos a ser los primeros en aplicarlo”, indicó la fiscal, señalando que el objetivo es estar a la altura tanto por las familias afectadas como por futuros casos similares .
La fiscal regional añadió que la investigación se encuentra en una fase intensiva, con toma de declaraciones, reuniones con expertos y afinamiento del texto de formalización, anticipando una defensa compleja. Asimismo, confirmó que la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) ya está en manos del Ministerio Público y ha sido clave para comprender cómo ocurrieron los hechos, abriendo la posibilidad de nuevos antecedentes relevantes para la causa.
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