La muerte de un joven de 20 años durante una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina de Talcahuano reabrió el debate sobre las responsabilidades de las instituciones y organizadores para asegurar el bienestar de los asistentes.
Diversas críticas expresó la comunidad penquista hacia el evento, que terminó con Cristóbal Miranda recibiendo una brutal golpiza durante plena celebración. Una investigación ya se inició para esclarecer lo ocurrido, consiguiendo la detención de dos presuntos involucrados en el ataque.
No obstante, actualmente no todo apunta contra quienes perpetraron la iracunda agresión, sino que también contra quienes debieron garantizar condiciones óptimas de seguridad y coordinación para evitar que algo así tuviera lugar en el evento.
Según antecedentes recabados posterior a la tragedia, la organización a cargo de la fiesta presentó tarde la directiva de funcionamiento y habría dicho que tendrían 900 asistentes, cuando en realidad terminaron llegando cerca de 2.000 personas al evento.
Otra irregularidad, relacionada a lo último señalado, es que la instancia no tenía autorización para vender entradas durante el evento en sí. No obstante, de acuerdo a información preliminar, esto se habría hecho de todas formas.
También se podría indicar como publicidad engañosa una de las medidas de seguridad anunciadas por la organización. En los afiches y publicaciones sobre la fiesta, se prometía un elevado número de cámaras que funcionarían con inteligencia artificial. Sin embargo, no tan solo no se habría llegado a la cantidad señalada, sino que además, las únicas existentes estaban instaladas en los accesos y algunos pasillos internos.
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Los trabajos investigativos aún están en las primeras etapas, por lo que es temprano para establecer eventuales culpas o responsabilidades detrás de lo ocurrido. Aún así, múltiples autoridades locales se han referido a la situación para aclarar ciertos aspectos del hecho.
El director de Seguridad Municipal de Talcahuano, Patricio Fierro, sostuvo que “es un evento privado, que presentó una directiva de funcionamiento para su realización. Por lo tanto, es responsabilidad de quien la realiza de contar con las medidas sanitarias y de seguridad para que todas las personas que asisten puedan hacerlo sin problemas”.
“Hay una responsabilidad de el o los organizadores de este evento, que sin lugar a dudas tendrán que aportar a la investigación que se lleva hoy día. (Detallar) todos los antecedentes de aquellas medidas de seguridad que se ofrecieron, y que en la práctica se debieron cumplir”, añadió.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, subrayó que se deben analizar las “sanciones administrativas que le corresponden a la productora del evento, sobre todo si ya tenemos el antecedente que la directiva se presentó fuera de plazo. Voy a solicitar que se ejecuten todas las multas correspondientes y se hagan todos los procedimientos que esto conlleve”.
Junto a aquello, la secretaria regional ministerial adelantó que estudiarán la opción de clausurar el centro de evento Espacio Marina a raíz de lo sucedido. “Estamos en la recopilación de información. Hay que chequear bien si se cumplieron o no los protocolos, y hay que establecer si el recinto en sí tiene patente permanente de eventos“, manifestó.
Peticiones fuera de plazo
En tanto, el teniente coronel Carlos Araneda, de la 2° Comisaría de Talcahuano, afirmó que “la directiva de funcionamiento no se presentó dentro del tiempo establecido. Es una situación que es responsabilidad del OS10, que obviamente va a ameritar algún tipo de infracción (para los organizadores)”.
En cuanto a la documentación del evento, Araneda explicó que “hay ciertas patentes que el Municipio entregó, pero hay otra parte que se vincula a la vigilancia privada. Eso corresponde al OS10, pero fue algo que no se presentó dentro del plazo necesario”.
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