Tras décadas conviviendo con una enfermedad mental severa y resistente a tratamiento, la actriz y comediante canadiense Claire Brosseau, de 48 años, anunció su decisión de buscar la muerte asistida con eutanasia, lo que derivó en una demanda contra el Estado.
Su caso se convirtió en un punto de inflexión médico, ético y judicial, justo cuando el país discute si el programa MAiD (Medical Assistance in Dying) debe incluir a personas con padecimientos exclusivamente psiquiátricos.
Su enfermedad comenzó en la adolescencia
Brosseau fue diagnosticada a los 14 años con trastorno maníaco depresivo, diagnóstico al que con el tiempo se sumaron ansiedad, ideación suicida crónica, trastornos alimentarios, trastorno de personalidad, consumo problemático de sustancias y trastorno de estrés postraumático (PTSD).
Ya en la adultez, la actriz intentó quitarse la vida y debió ser hospitalizada en varias oportunidades, además de pasar largos períodos internada en centros de salud mental.
Tratamientos que no dieron resultados
Durante años, la actriz probó múltiples psicoterapias, decenas de medicamentos y, más recientemente, terapias guiadas con psicodélicos. Ninguna de estas intervenciones logró aliviar de manera sostenida su sufrimiento.
En una carta y documentos citados por The New York Times, la canadiense detalló su extenso recorrido terapéutico y describió un dolor persistente que, según sostiene, no ha tenido respuesta médica efectiva.
La solicitud de eutanasia y la respuesta del Estado
En 2021, Brosseau solicitó formalmente acceder al programa MAiD, anticipando que la exclusión de personas con enfermedades mentales sería eliminada en 2023. Sin embargo, el gobierno canadiense decidió postergar esa reforma hasta 2027.
Frente a ese escenario, la actriz presentó una acción judicial ante la Corte Superior de Ontario, acusando al Estado de discriminación y exigiendo “los mismos derechos que otras personas con enfermedades incurables para elegir cuándo y cómo morir”.
Acusa vulneración de sus derechos
Sin pareja ni hijos, Brosseau sostiene que la legislación actual vulnera su derecho a la igualdad ante la ley. Su caso reactivó una discusión profunda sobre los límites de la medicina, la ética y las políticas públicas, especialmente en torno a la autonomía personal y el sufrimiento mental.
Mientras la causa sigue su curso en tribunales y la reforma quedó fijada para 2027, la demanda de la actriz continúa tensionando uno de los debates más complejos del sistema de salud canadiense.
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