Un matrimonio fue detenido tras ser acusado de concretar una serie de robos mediante un elaborado método que operó durante meses. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Oriente y la PDI, la pareja, oriunda de Curacaví, habría participado en al menos 12 delitos, los cuales se repitieron siguiendo un patrón casi idéntico. En dos de los casos ya acreditados, habrían obtenido varios millones de pesos mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias.
El caso fue analizado por Reportajes de T13. El pasado miércoles informaron que la mujer, identificada como Carolina Cerón, de 39 años, seleccionaba a sus víctimas en las inmediaciones de Orrego Luco, preferentemente hombres en estado de ebriedad. Tras abordarlos y ganar su confianza, los convencía de trasladarse a un motel cercano. Una vez en el lugar, según los antecedentes policiales, les administraba benzodiacepinas, un psicotrópico que afecta el juicio, la memoria y la conciencia, dejándolos en un estado bien vulnerable.
El citado medio añade que, aprovechando que los afectados ingresaban al recinto entregando previamente su carnet de identidad, Cerón solicitaba las claves de sus tarjetas bancarias bajo el pretexto de pagar la habitación. Sin que se concretara ningún encuentro sexual, obtenía la información, sustraía las pertenencias de los hombres y abandonaba el lugar con las tarjetas y contraseñas memorizadas.
Esposo a su mujer afuera de los moteles de Providencia
A las afueras del motel la esperaba su esposo, Víctor Muñoz Espinoza, de 45 años. Con los datos obtenidos, ambos realizaban un recorrido por diversos cajeros automáticos y comercios de la Región Metropolitana, efectuando giros y compras por cuantiosas sumas. Según explicó la BICRIM Providencia, ante las consultas de Reportajes T13, la elección de zonas con alta afluencia de público masculino y con personas bajo los efectos del alcohol facilitaba la ejecución del delito.
La pareja fue detenida y formalizada inicialmente por robo con intimidación, aunque el tribunal reclasificó los hechos como hurtos. Pese a ello, se decretó la prisión preventiva de ambos y se fijó un plazo de 90 días para la investigación. La Fiscalía y la PDI no descartan que puedan surgir nuevas denuncias, dado que el modus operandi habría sido replicado en distintos puntos de la capital.
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