La Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para indagar en la orden que recibió Gendarmería para liberar a Osmar Ferrer, imputado como sicario del "Rey de Meiggs".

En las diligencias se tomó la declaración de la magistrada Irene Rodríguez, quien firmó la orden de ingreso a Santiago Uno para que el venezolano de 18 años cumpliera la prisión preventiva. El fiscal Marcos Pastén también entrevistó a funcionarios del Centro de Justicia, "todos sin calidad de testigo y todos entregaron su declaración", señaló.

El 9 de julio, a las 20:17 horas, el tribunal emitió una orden de ingreso con errores de redacción. A las 20:25 se dejó sin efecto y tres minutos más tarde, envió una segunda orden para su arribo a la cárcel. Al día siguiente informó de las dos últimas resoluciones en correos enviados a Gendarmería a las 12:11 y 15:13.

Según el persecutor, "la única resolución vigente es la resolución que decretó la prisión preventiva" al sicario.

La investigación determinará si la falla correspondió a Gendarmería o al Poder Judicial, y el origen de esta. "El hackeo no lo puedo descartar porque eso requiere, digamos, informes judiciales. No se descarta ninguna hipótesis, no se descarta que sea un error, tampoco se descarta que haya sido por alguna otra motivación. Seguimos investigando", afirmó Pastén.

En la intervención de PDI al 8vo Juzgado de Garantía, se incautaron computadores y los funcionarios entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares.

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