Un total de 15 personas fueron formalizadas este jueves 12 de junio por la Fiscalía Sur de la región Metropolitana. Los imputados son nueve ex carabineros y seis civiles por su presunta participación en una asociación criminal dedicada a los "embargos exprés".

Por la causa, tildada como un nuevo ejemplo de corrupción en la institución policial, tres ex uniformados, el líder de la banda y un receptor judicial terminaron en prisión preventiva. En tanto, el resto quedó con cautelares de menor gravedad, como la esposa del cabecilla, que pasó a arresto domiciliario total.

Así lo dictaminó el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual también determinó un plazo de cuatro meses para la investigación. "Hoy se formalizó a 15 imputados por asociación criminal, cohecho activo y pasivo agravado, falsificación de instrumento público y usurpación de cargo público. Cinco quedaron en prisión preventiva: tres ex Carabineros, el líder civil de la red y un receptor judicial que falsificó documentos", puntualizó el fiscal Eduardo Arrieta.

El método de operación de la agrupación era relativamente simple. Según lo explicado por el persecutor, el jurista reclutaba a funcionarios policiales a través de sobornos con el objetivo de acelerar el procesamiento de ciertos embargos vehiculares. Lo cual, por cierto, se lograba saltando e ignorando diversos protocolos y conductos regulares.

Con esto, los automóviles podían ser rápidamente llevados a casas de remate con informes adulterados o modificados en algún aspecto. Por todo esto, los carabineros involucrados recibían hasta 220 mil pesos por cada vehículo, según lo revelado por BBCL Investiga.

Una "solución" ilegal para un problema común

Esta movida ilegal tenía un propósito fundado en la burocracia y demoras relacionadas a los embargos. El fiscal Arrieta detalló que la organización delictual ofrecía la entrega de automóviles más rápida a cómo lo haría el proceso común. Esto debido a que tales trámites pueden tardar varios meses o incluso años, por lo que empresas acudían a ellos para recuperar sus vehículos cuanto antes.

"Buscaban agilizar procesos ilegalmente. Los estudios jurídicos pagaban por rapidez, aunque no hay pruebas de que conocieran el mecanismo ilícito", explicó Arrieta.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó un total de 19 hechos ilícitos cometidos por la banda. Estos consisten en montajes para coordinar la salida de circulación de las máquinas, en lo cual incluso utilizaban una grúa operada por su propia dueña.

Con todo lo expuesto, el abogado defensor del supuesto líder, Luis Gadach, negó que "existiera liderazgo. Fue una práctica éticamente reprochable, pero no asociación ilícita. Cuestionaremos esto en la apelación". Además, argumentó que era una práctica laboral habitual por la alta demanda de embargos. No recibió dinero de estudios jurídicos, según la investigación".

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