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Tal como se anunció, este miércoles 28 de mayo entra en vigencia la ley 21.717 sobre la realización de funerales de riesgo, la cual contiene una serie de modificaciones. Si bien la legislación se promulgó el 20 de noviembre de 2024, recién en marzo Contraloría tomó razón del reglamento, por ende, se fijó la fecha de entrada en vigencia de la ley para este miércoles.

Ahora bien, lo que implica esta normativa es un plazo máximo de 24 horas para llevar a cabo todo lo que considera el proceso funerario. Asimismo, se establece que sea el delegado presidencial regional quien puede calificar el riesgo de un evento. Y en su resolución deben considerar un informe técnico de Carabineros para evaluar si un caso corresponde a un funeral de riesgo.

Así, ahora al analizar un caso el delegado presidencial regional deberá pedir información al respecto a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Gendarmería de Chile. De este modo, al evaluarlo se deberá seguir el reglamento que el Ministerio Público elaboró para regular la metodología y los criterios apropiados, además de revisar contenido del informe entregado por Carabineros. Aquel reglamento debe tomar en consideración los canales de denuncia anónimos y confidenciales.

Igualmente, los órganos del Estado ahora están en la obligación de dar cuenta a la Delegación Presidencial Regional si manejan antecedentes que permitan apuntar a que un funeral es de riesgo.

Otra arista de la normativa es que la resolución del delegado/a será entregada a los familiares por las unidades policiales especializadas. Si no pueden encontrar a la persona, se procederá a seguir lo que indica la ley 19.880. También se expresa que si no se cumplen las 24 horas designadas para el funeral, el delegado/a tendrá la posibilidad de disponer el tratamiento correspondiente a los cadáveres de indigentes.

De igual manera, el Registro Civil y Servicio Médico Legal tendrán que dar prioridad a los trámites de funerales de riesgo. Por último, se efectuó un catálogo de delitos frecuentes en este tipo de instancias, como lo son desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas, entre otros.

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