Gobierno de Argentina endurece su política migratoria y pone fin a salud gratuita a extranjeros
Fotografía: Argentina anuncia nuevas medidas para extranjeros Foto: Vinicius Garcia

Gobierno de Argentina endurece su política migratoria y pone fin a salud gratuita a extranjeros


Por Amanda Oliva | 16 Mayo 2025 12:41
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A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno de Argentina anunció una reforma del régimen migratorio nacional, con el objetivo de implementar medidas más estrictas para el ingreso, permanencia y acceso a servicios como salud por parte de extranjeros.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en la última conferencia de prensa desde la Casa Rosada, que las nuevas medidas incluyen restricciones más severas para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina.

Desde la entrada en vigor del decreto de necesidad y urgencia, los ciudadanos extranjeros no residentes deberán pagar por los servicios médicos y se establecerá un arancel específico para los estudiantes de otros países que no tengan residencia permanente.

Además, las autoridades podrán deportar de manera expedita a quienes cometan delitos, y exigirán a los extranjeros que ingresen al país que presenten un seguro de salud para demostrar que pueden subsistir allí.

Gobierno de Argentina por salud pagada para extranjeros

"Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más prospero", explicó Adorni, quien remarcó que "tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza para expulsar a quienes incumplan las normas de nuestro territorio".

Esta reforma había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo. En esa ocasión, el mandatario sostuvo que era necesario revisar la normativa migratoria para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos.

El decreto ya genera debate en distintos sectores sociales y políticos, y se espera una reacción tanto de organizaciones de derechos humanos como de comunidades migrantes en el país. Mientras tanto, el Gobierno defiende las medidas como un paso necesario para “ordenar y proteger” los recursos estatales.

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