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Una serie de antecedentes se conocieron en la audiencia de reformalización de cargos en el Caso Lencería, donde el Ministerio Público precisó cargos y roles que tuvo cada uno de los imputados en la causa, entre ellos, Camila Polizzi, y dejaría fuera a Rodrigo Díaz.

Durante la instancia, la fiscal del caso, María José Aguayo, reveló los roles que tuvieron en todo este entramado los ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío; Rodrigo Martínez, Simón Acuña y Rodrigo Alarcón para evitar que la institución detectara las irregularidades que estaba teniendo en su ejecución el programa presentado por Camila Polizzi, y por el cual ya se habían transferido poco más de $80 millones.

De acuerdo a la persecutora, “el 17 de marzo de 2023, Rodrigo Martínez le solicitó a Simón Acuña que Camila Polizzi no recibiera observaciones o reparos respecto a las rendiciones presentadas, reiterándole que era para evitar nuevos cuestionamientos a la iniciativa, estando ambos en conocimiento que las actividades no se estaban desarrollando en la forma que se señalaba en el programa”.

Aguayo complementó que una vez que Gerardo Silva, propietario de la Fundación En Ti, se presentó en el Gore Biobío, para informar las promeses incumplidas Polizzi, “Acuña informó de la situación a Martínez, ambos en infracción a los deberes de su cargo, no solo instruyeron a Tamara Vidal que diera por verificada las actividades del convenio, sino que omitieron acciones para evitar el segundo traspaso por parte del Gore Biobío por $166 millones. Lo que se concretó con informes ficticios el día 30 de marzo”.

“Polizzi y Sebastián Polanco presentaron una iniciativa a su nombre que se podía financiar por parte del Gore, y efectuaron todas las maniobras para engañar a distintas entidades al interior de la institución como a funcionarios de la División de Presupuestos, de la División de Administración y Finanzas, al Gobernador Regional, entre otros”, consideró la investigadora.

Futuro de Rodrigo Díaz en el Caso Lencería

Tras esta puntualización de cargos a los imputados ya formalizados, la fiscal aclaró que existen aún una serie de diligencias pendientes.

“Estamos en una etapa final de la causa y esto implicó una investigación extensa, ya sea por la cantidad de elementos cibernéticos a indagar, como la nula colaboración de los imputados en la presente investigación”, explicó Aguayo.

En ese sentido, la persecutora aclaró que “las diligencias pendientes apuntan a las análisis de los elementos clonados, lo que debe ser correlativo, lo que demora. Estamos hablando de teléfonos, tablets y computadores”, por lo anterior pidió extender en 60 días el plazo de investigación.

Con respecto al futuro judicial del ex gobernador Rodrigo Díaz, la fiscal Aguayo manifestó que “los elementos investigativos que se cuentan al día de hoy, no existen elementos que permitan imputar un conocimiento como el que tienen los demás funcionarios públicos por parte del ex gobernador”.

A su vez, con respecto a presiones que habría recibido una funcionaria del Gore Biobío que lideraba el convenio con la Fundación Antonia, la persecutora explicó que “esa causa está siendo investigada y la mencionada denuncia fue agrupada a lo ya indagado”.

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