Confirman desafuero de diputada Catalina Pérez por caso Democracia Viva: Defensa apelará a la Corte Suprema
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la solicitud del Ministerio Público para desaforar a la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por la arista Democracia Viva del Caso Convenios.
Y aunque la defensa de la congresista anunció que apelarán a la Corte Suprema, de acuerdo a la resolución del tribunal existen antecedentes suficientes para continuar la investigación penal en contra de la parlamentaria por la región de Antofagasta.
Lo último fue destacado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien señaló tras la audiencia que "los elementos relevantes son que el tribunal sobre la base de dejar muy en claro que no se puede pronunciar del fondo del asunto, es decir, resolver sobre la culpabilidad o no de la persona que está siendo desaforada, si entendió es que sí existen antecedentes que justifican la existencia del delito y de la participación, en este caso, de la persona desaforada".
"Eso es relevante porque descarta de esa manera que haya habido aquí alguna imputación injustificada, arbitraria o de cualquier otra naturaleza, y ultima que hay antecedentes de objetivos que permiten continuar adelante", explicó el persecutor.
Defensa de diputada Pérez apelará a la Corte Suprema
En tanto, la defensa de la parlamentaria confirmó que apelarán a la Corte Suprema y recalcaron que Catalina Pérez "no recibió un solo peso de estos convenios".
"El informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la diputada no tuvo ninguna participación en su asignación", indica el comunicado firmado por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
En el caso también están formalizados Daniel Andrade y Carlos Contreras. Entre la evidencia investigada se encuentran datos bancarios y conversaciones de WhatsApp, considerando que se indagan convenios por $426 millones suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Lo que busca comprobar la Fiscalía es que la diputada habría facilitado la asignación de estos fondos y manipulado los procesos administrativos para beneficiar a la fundación liderada por Andrade, su expareja.
En ese sentido, los abogados defensores de Pérez señalaron que "los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022".
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