Tensión en el Servicio de Salud Concepción por elevado número de denuncias por Ley Karin
Un complejo momento se vive al interior del Servicio de Salud Concepción, a raíz de las denuncias que han presentado los funcionarios de la entidad, enmarcadas en la Ley Karin.
Lo anterior se debe al malestar de los trabajadores del Servicio con la actitud que ha tomado el director de la entidad, Víctor Valenzuela, a quien acusan de generar un “clima de desconfianza y desmotivación entre los funcionarios, quienes se sienten desprotegidos y sin representación adecuada en sus demandas”.
Además, desde la Fenpruss, denunciaron que “hemos vivido situaciones de persecución laboral hacia funcionarias de nuestro servicio, que han culminado en su desvinculación. Estos actos no solo constituyen una violación de los derechos laborales y la Ley Karin. Además, a lo menos una funcionaria ya habría ingresado denuncia en contra del Director, sin tener respuesta alguna”.
En relación al rol de Valenzuela, apuntaron a que “llega al absurdo que esta dirección de servicio obstruye las investigaciones y peritajes desarrollados. Atentando contra la justicia, equidad y violencia de Género, esta última se ha demostrado en otros actos de misoginia hacia las funcionarias de esta red”.
Director responde por denuncias de Ley Karin en el Servicio de Salud Concepción
El director del Salud Concepción, Víctor Valenzuela, salió al paso de las denuncias existentes por Ley Karin en la entidad.
Según Valenzuela, actualmente existen 13 denuncias bajo esta normativa, “la mayoría son en forma horizontal, entre pares. Tres de ellas, ya fueron desestimadas porque no tienen información o no cumplen los requisitos, mientras que el resto se encuentra en investigación. Esta cifra representa el 14% del total de sumarios que tenemos”.
El directivo también descartó las acusaciones existentes en su contra de obstrucción, sostuvo que “no hay motivos para hacer eso, si una persona hace una acusación contra paralelo no hay motivo para no hacerla. Los sumarios tienen su tiempo, pueden durar entre seis y ocho meses, en ese periodo yo no puedo acceder a información ni nada, ya que queda a cargo de un fiscal”.
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