El “Método Hartwig” para mantener las aguas quietas en el Puerto Coronel
Por 5:30 horas se extendió la primera jornada de formalización de cargos en contra de los siete imputados en el Caso Puerto Coronel.
La indagatoria que se extiende por un año e incluye entre los imputados a la antigua administración de la terminal de carga, al alcalde de la comuna, Boris Chamorro, al ex concejal Eduardo Araya y a dos empresarios locales.
En esta primera jornada, el Ministerio Público formuló cargos a los imputados, los que se dividieron en tres hechos; pagos a políticos, administración desleal y delitos tributarios.
De acuerdo a lo descrito por la fiscal del caso, Glenda Lagos, el entonces presidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, ideó un modelo de pago a ciertos actores vinculados a la comuna y al propio puerto, por lo que se emitían órdenes de compra a empresas que realizaban facturas por servicios que nunca se realizaron y cuyos dineros iban a parar a distintos pagos.
Estas empresas pertenecían a Víctor Olivares y Hernán Romero, este último, hermano del diputado y ex alcalde de esa comuna, Leónidas Romero.
En el caso de Olivares, el destino final de los dineros era personeros políticos de la comuna; el alcalde Boris Chamorro y el ex concejal Eduardo Araya. Según los antecedentes, Chamorro recibió “21 pagos por un total de $82 millones”, relató la fiscal Lagos.
Plata a la puerta
Una de las situaciones que ocurre con el alcalde Boris Chamorro en esta investigación, apunta a la forma en recibió estos dineros.
Estos pagos eran entregados en dinero en efectivo en la propia oficina de Chamorro en el edificio municipal. Mientras que al concejal Eduardo Araya, le hicieron “30 pagos por $69 millones”.
La diferencia acá, es que Araya “utilizó una empresa ficticia, Inversiones Los Franciscanos SpA, para realizar facturas ideológicamente por servicios que no se prestaron y así justificar los dineros que obtuvo”, explicó la persecutora.
Según el vocero de la Fiscalía Biobío, Mauricio Lártega, “existen ciertos trabajos que no fueron ejecutados, por los cuales existen facturas. Con ellos se pretendía justificar, de forma indebida, la salida de dinero desde Puerto Coronel para distintas personas. Hay entregas en dinero en efectivo al alcalde Chamorro”.
El representante del Ministerio Público, ahondó en que no es necesaria la existencia de una contraprestación para la existencia del delito de cohecho. “Los hechos ocurren antes de la reelección, pero eso es relevante para el debate de medidas cautelares. No tenemos antecedentes de reiteración de estos hechos”.
Otros dineros
Pero los políticos no habrían sido los únicos que obtuvieron dineros de este método creado en el Puerto Coronel.
De acuerdo a lo expuesto por la fiscal Glenda Lagos, “existe un concierto entre Eduardo Hartwig, Javier Andwanter y Daniel Chamorro para generar un perjuicio a la empresa, ya que a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa de Hernán Romero, se pudieron sustraer $1.022 millones”.
Ese dinero, pudo ir a parar a distintos lugares explican desde el Ministerio Público, pero en un método muy similar al utilizado con Chamorro y Araya, eso sí con otro tipo de personeros.
La defensa de Eduardo Hartwig, a cargo del abogado Alejandro Espinoza, sostuvo que no hay reconocimiento de los hechos. “La posición nuestra ha sido colaborar con la investigación, reconocer los hechos en los que se ha tenido investigación y controvertir aquellos en los que no se ha tenido participación”.
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