El mecanismo de la Fundación Bonhomía para adjudicarse $356 millones por parte del Gore Biobío
Ha sido definido como uno de los casos más complejos de investigar de todos los convenios, por parte de la Fiscalía, y eso quedó reflejado en las casi cuatro horas que se extendió la formalización de cargos por parte del Ministerio Público contra los once imputados en la investigación por el Caso Bonhomía.
En la instancia, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena reveló que Luis Pavón Hidalgo solicitó información a Roberta Lama para acceder a programas de financiamiento por parte del Gore en materia de deporte. “Es ahí, que en un segundo encuentro, esta vez con Simón Acuña, quien les informa que la ejecución de estos programas deben ser a través de una fundación”, comentó.
La persecutora complementó que “Pavón negoció con la Fundación El Árbol, a quienes les ofreció el 3% del dinero equivalente al total proyecto, por el solo hecho de aparecer suscribiendo el programa. Esto no fue aceptado y ahí, Pavón Hidalgo busca a la Fundación Bonhomía”.
La investigadora es clara en que “para poder obtener dineros públicos mediante convenios deben tener una corporación o fundación sin fines de lucro con más de dos años de existencia, y estas personas no la tenía. Es ahí, que se produce esta captación, en donde todos sabían que sería usada para aparentar que se cumplían los requisitos que no se cumplían”.
Ante esto, el defensor del ex funcionario del Gobierno Regional, Marco Loyola, Javier Ahumada, puntualizó que “acá no existe ningún instructivo que especifique como se debe proceder desde el punto de formal, al análisis de información cuando entrega información la Fundación Bonhomía. Hay 10 testigos, incluso el gobernador que reconocen esa situación”.
Ahumada es de la idea que en esta situación existen faltas administrativas y no hechos constitutivos de delitos.
Mientras que la defensa de los hermanos Luis Pavón y Jorge Mizón, y Ana Manuela Hidalgo; Humberto Alarcón, comentó que “la evidencia que existe en la carpeta investigativa demuestra que el programa si se concretó, en comunas rurales. Creemos que las cautelares son desproporcionadas, ya que ellas buscan que los imputados estén en los actos del procedimientos, lo que ha estado ocurriendo”.
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